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Aumenta la protección del lobo; para los ganaderos una ruina, para los ecologistas insuficiente

UGAMA se pregunta quién pagará la factura de los daños que cause en las explotaciones, para Ecologistas en Acción el gobierno estatal se ha quedado corto

Archivo - Lobo Ibérico / ANA RETAMERO PARA WWF - Archivo (EUROPA PRESS)

Alcobendas

Este miércoles 22 de septiembre el lobo ha dejado de ser especie cinegética tras la publicación de la Orden que modifica el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), con el fin de incluir a todas las poblaciones de lobo ibérico (Canis lupus) de España.

La Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid (UGAMA) ha acusado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de tomar esta medida sin hablar con todas las partes y sin conocer cuál es la situación real del lobo y cuántos ejemplares hay en nuestro país.

El presidente de los ganaderos madrileños, Alfredo Berrocal ha recordado que no hay ayudas autonómicas para las medidas de protección que los ganaderos tendrán que incorporar ante los ataques del lobo a sus explotaciones. Berrocal denuncia que esta decisión complica aún más su viabilidad, afectada ya por los bajos precios del mercado alimenticio.

Desde Ecologistas en Acción sin embargo creen que la inclusión en este listado es insuficiente y anuncian que seguirán trabajando para que el lobo sea incluido en el Catálogo de Especies Protegidas, un escalón superior que eliminaría la posibilidad de que las Comunidades Autónomas autoricen extracciones de lobo, es decir afirma su portavoz María Ángeles Nieto “se impediría de una forma real su caza”.

La Orden publicada en BOE recoge que podrá seguir aplicándose la captura de ejemplares si se cuenta con una autorización de las autoridades autonómicas. Para ello es necesario, entre otras cuestiones, que no haya otra solución satisfactoria. Asimismo, se deberá justificar que la medida de captura de ejemplares no afecte negativamente al estado de conservación favorable de la especie y a la existencia de perjuicios importantes para el ganado en las explotaciones afectadas.

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