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Betanzos quiere negociar con la Xunta el pago de la Galiña Azul

El Tribunal Superior de Xustiza da la razón a la administración autonómica y obliga al Concello a abonar 385 mil euros más las costas

Galiña Azul en Betanzos / Google Maps

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 El Concello de Betanzos quiere negociar con la Xunta cómo afrontar el pago del dinero que, según sentencia del Tribunal Superior de Xustiza, tiene que abonarle por gastos de mantenimiento de la escuela infantil Galiña azul. Gastos acumulados desde 2017 y que suponen un montante de 385 mil euros. El Ayuntamiento ha ido liquidando en el último año parte de la cantidad porque intuía que, por fallos judiciales similares, el alto tribunal gallego daría la razón a la Xunta. Ahora le queda por pagar 253 mil euros, además de 1.500 euros de costas judiciales.

Esta es una resolución judicial más a favor del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar y en contra de los ayuntamientos que recurrieron la cofinanciación de las escuelas infantiles dependientes de la Xunta. La alcaldesa de Betanzos María Barral (PSOE) asume el fallo, si bien insiste en que no le correspondía al Consistorio abonar cantidad alguna. Para el PP de Betanzos la sentencia demuestra que la política de promoción de la conciliación y la igualdad de la mujer de la alcaldesa "queda reducida a mera propaganda". El gobierno local lamenta que un tema "puramente administrativo" se aproveche por parte de los conservadores para "hacer ruido y plantearlo como un problema político".

La Xunta apeló al acuerdo firmado en 2016 por la Consellería de Política Social, presidida entonces por Beatriz Mato, y la FEGAMP -la Federación Gallega de municipios y provincias-, en el que se regula la cofinanciación en los servicios prestados por el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar en colaboración con los concellos y mancomunidades. El Ayuntamiento de Betanzos recurrió la decisión autonómica señalando que no era la Fegamp y que no había firmado ningún acuerdo de cofinanciación en relación a instalaciones educativas infantiles. Recuerda que cedió a la Xunta los terrenos, pagó las licencias y proyectos y dotó a la escuela de todos los servicios con cargo a los presupuestos municipales. En su valoración del dictament judicial, asegura que plantearía el mismo contencioso si hoy en día se repitiese la situación.

 
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