La propuesta asturiana de capturar lobos encaja en las directrices europeas que protegen a la especie

Asturias tiene relativamente fácil adecuar su plan de gestión del lobo al nuevo escenario que ha planteado su inclusión en el listado de especies con especial protección, prohibiendo su caza en toda España. El modelo asturiano de gestión del lobo es el que más se acerca a las directrices europeas de conservación de la especie que recogen la captura de ejemplares e incluso, en situaciones de especial riesgo, abatirlos/matarlos, lo que facilitará su adecuación al nuevo escenario que dibuja la inclusión de la especie en el listado de especies de especial protección. Así lo ha expresado el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a preguntas de los periodistas sobre el planteamiento del consejero de medio rural, Alejandro Calvo, de poder capturar ejemplares. Y es que, dice Morán, que las directrices europeas ya contemplan esa posibilidad... Y no sólo se pueden capturar lobos, para su translocación o confinamiento, sino que los protocolos de la Unión Europea también contemplan la posibilidad del control letal; en este caso, el plan de gestión del lobo de Asturias debería contemplar esa posibilidad, pero tras producirse el daño especial, y no antes, como se hacía hasta ahora, cuando al comenzar el año se determinaba el número de lobos a abatir. En cuanto a la estrategia nacional de conservación del lobo, dice Hugo Morán que estará lista para el 1 de Enero, y que el objetivo es dotar de financiación el apoyo a las explotaciones ganaderas. El estado aportará 20 millones de euros en total, cubriendo con más de 10 millones el 100% de las medidas para la prevención de los ataques del lobo, y el 50% de los daños que lleguen a provocar, con los 9 millones restantes. Según el Secretario de Estado, esta cantidad es importante si se tiene en cuenta que el último año el sumatorio de dinero empleado por las comunidades autónomas para el pago de los daños del lobo a la cabaña ganadera no llegó a los 6 millones de euros. El borrador de esa estrategia nacional también recoge la homogenización entre comunidades de los baremos de tasación de los daños, así como la tramitación y los plazos para su pago a los ganaderos.