Anticorrupción defiende la legalidad de las escuchas telefónicas en el Plan Zonal de la Vega Baja

Alicante

Fiscalía Anticorrupción ha defendido la legalidad de las escuchas telefónicas que dieron origen a la causa del supuesto amaño en la adjudicación del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja, una de las piezas de Brugal, y ha pedido al tribunal que enjuicia el caso que rechace la petición de nulidad que han solicitado las defensas de los acusados. Según el fiscal, las grabaciones "no atacan a los derechos fundamentales" y se han obtenido de una manera "lícita".

Así lo ha expresado el fiscal este martes en la sesión del juicio que se celebra en la sección séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, y en la que se han tratado las cuestiones previas presentadas. En concreto, el representante del ministerio público ha defendido la veracidad de las grabaciones entregadas por el empresario Ángel Fenoll, puesto que se realizó un trabajo "meticuloso" y "minucioso" con las transcripciones y que la actuación de la Fiscalía fue "correcta y adecuada".

Asimismo, ha insistido en que las escuchas fueron "editadas" pero no manipuladas y que no afectan a los derechos de las comunicaciones ni a derechos fundamentales al estar grabadas por uno de los participantes. En esta línea, rechaza la petición de las defensas de la nulidad de las grabaciones porque no se ha producido una vulneración de derechos "por mucho que se repita" ya que, de ser así, la Audiencia lo hubiera resuelto en casos anteriores.

En la misma línea, ha subrayado que la trama 'Gürtel' se inició con grabaciones y, pese a que las peticiones de nulidad fueron pedidas "hasta la saciedad", se determinó que no se vulneró ni el derecho a las comunicaciones ni el derecho a la intimidad de las personas.

"Las grabaciones son elementos lícitos de prueba porque nunca atacan a los derechos de las comunicaciones. En este caso, se trata de conversaciones entre un empresario y un concejal en el que se manifiesta el supuesto cobro de comisiones", ha señalado el fiscal, quien ha recalcado que el objeto de la grabación era "legítimo" y estaba permitida porque se trataba de obtener pruebas de la comisión de posibles delitos.

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Igualmente, ha negado que las grabaciones afecten al derecho de defensa y rechaza que se haya producido un "cúmulo de irregularidades" durante la investigación por parte de la Fiscalía, tal y como sostienen las defensas. "Todos los autos han sido refrendados por la Audiencia ni tampoco ha existido un quebrantamiento de competencias judiciales en la instrucción", ha agregado.

Por otro lado, otro de los puntos en los que ha centrado su intervención el fiscal ha sido la defensa de que las intervenciones telefónicas no han vulnerado el principio de especialidad porque todo forma parte de la investigación de posibles delitos y de lo que pasaba con el Plan Zonal. En esta línea, ha sostenido que la intervención de los teléfonos de los acusados estaba "motivada" debido a que presuntamente se hacía uso de los mismos para cometer los delitos y se trata de una medida "válida".

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que oscilan entre los tres años y medio y los 17 años de cárcel para 13 acusados por delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Durante la sesión, el presidente del tribunal ha llamado al orden a los acusados después de que uno de ellos interrumpiera la exposición del fiscal para recriminar su intervención.

Así, a José Joaquín Ripoll, expresidente de la Diputación, le pide hasta 16 años de prisión y 41 de inhabilitación; 17 años y 20 de inhabilitación para los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz; y cuatro años de prisión y 24 de inhabilitación para la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente.