Condenan a una mutua a entregar audífonos a un afectado de sordera profesional
El Juzgado de lo Social de Eibar ha condenado a Fremap a que, a su elección, proporcione al afectado los audífonos que reclama o le abone su coste, esto es, 5.328 euros
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Eibar
Un juzgado de Eibar (Gipuzkoa) ha condenado a la mutua Fremap a proporcionar los audífonos que reclama un trabajador jubilado aquejado de sordera profesional, ha informado CCOO.
Este sindicato ha acusado a Fremap de "dilatar durante más de tres años" la entrega de estas prótesis auditivas al operario, que se vio "obligado" a llevar este asunto a los tribunales.
La misma fuente ha explicado en un comunicado que finalmente el Juzgado de lo Social de Eibar ha condenado a Fremap a que, a su elección, proporcione al afectado los audífonos que reclama o le abone su coste, esto es, 5.328 euros.
CCOO ha recordado que el operario trabajó en la empresa Ifam Seguridad SLU desde 1972 hasta su jubilación en el año 2021, donde estuvo expuesto a "niveles elevados y constantes de ruido".
La seguridad social reconoció al afectado en 2019 un baremo 11 de sordera de origen profesional, el "más grave de los posibles", por pérdida auditiva derivada de la exposición a ruido en el trabajo.
"La resolución adquirió carácter de firmeza efectiva al no ser recurrida ni por Fremap ni por la empresa del trabajador, hasta el punto de que la mutua le abonó la indemnización correspondiente, reconociendo de facto el origen profesional de la patología", señala CCOO.
La sentencia considera acreditado que la sordera que presenta el trabajador tiene un origen profesional y señala que "en las contingencias profesionales rige el principio de reparación íntegra del daño", lo que implica en este caso el suministro de las prótesis auditivas a cargo de la mutua.
CCOO ha asegurado que la Seguridad Social, ante las reclamaciones de este sindicato, también se pronunció en dos ocasiones sobre la responsabilidad de Fremap en el pago de los audífonos.
Esta central ha acusado a la mutua de dilatar la entrega de estos aparatos durante "tres años y medio" y de "obligar al trabajador a presentar una demanda judicial", ya que una cantidad de 5.328 euros puede resultar "irrisoria" para una mutua, pero supone un "verdadero lastre en el presupuesto de una familia de clase trabajadora".
