Imputan al actual director de Emergencias de Osakidetza por los 'protocolos de la vergüenza' en Madrid durante la pandemia

Pablo Busca Ostolaza, actual director de Emergencias de Osakidetza l desde noviembre de 2024, ha sido imputado por un juzgado madrileño en relación con los conocidos como "protocolos de la vergüenza" aplicados en residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia.

La citación judicial responde a una nueva línea de investigación abierta por un segundo juzgado de Madrid, que amplía la causa sobre la gestión sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el trato dispensado a miles de mayores en centros residenciales.

De la gestión en Madrid a las emergencias en Euskadi

Busca asumió el cargo de director de Emergencias de Osakidetza tras una larga trayectoria profesional. Médico de urgencias con más de 25 años de experiencia en el Hospital Donostia y premiado en cinco ocasiones con el Best in Class al mejor Servicio de Urgencias del Estado, también fue director del SUMMA 112 en Madrid entre 2015 y 2022, cargo directamente vinculado a la gestión de las ambulancias durante el periodo más crítico de la COVID-19.

Fue precisamente por su papel como responsable del SUMMA 112 por lo que ahora es investigado judicialmente. La causa examina si los protocolos aplicados en residencias madrileñas —que impidieron derivar a hospitales a personas mayores con discapacidad o deterioro cognitivo— vulneraron derechos fundamentales y provocaron muertes evitables.

Un caso que salpica al Ejecutivo vasco

Aunque los hechos investigados ocurrieron en Madrid, la imputación de Pablo Busca tiene inevitable repercusión en Euskadi, donde ostenta actualmente un alto cargo en el ámbito sanitario. Su nombramiento fue formalizado el 31 de octubre de 2024, y desde entonces lidera la gestión de las emergencias médicas en la comunidad autónoma.

La justicia profundiza en los “protocolos de la vergüenza”

El caso, que ya había sido abierto por otro juzgado madrileño, gana así una nueva dimensión. Esta segunda investigación incluye, además de a Pablo Busca, a una geriatra del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Ambos figuran entre los nombres que por primera vez se incorporan al procedimiento judicial, en un intento de delimitar responsabilidades individuales en la ejecución de las directrices impuestas durante los meses más duros de la pandemia.

Los llamados "protocolos de la vergüenza" son documentos internos del Gobierno madrileño que, en la práctica, vetaban la atención hospitalaria a personas mayores en función de criterios médicos discriminatorios, generando un impacto humano y ético que ha sido duramente cuestionado por organizaciones sanitarias, familiares de víctimas y juristas.

El caso abierto en Madrid podría tener repercusiones que trasciendan los límites judiciales y afecten también al ámbito político vasco.