Apnabi celebra la llegada de los facilitadores procesales a los juzgados vascos, pero advierte: “Anunciar la figura no basta, hay que transformar la experiencia real de las personas”

Bilbao

La noticia de que los juzgados vascos contarán con facilitadores procesales para mejorar su accesibilidad ha sido recibida con satisfacción por quienes llevan años trabajando por una justicia más inclusiva. Entre ellos, Maider Ugarte, una de las primeras profesionales en formarse en este ámbito en Euskadi, celebra la iniciativa impulsada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

“Me parece una muy buena noticia que desde el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ponga el foco en la accesibilidad y en la figura del facilitador procesal”, señala Ugarte, que en agosto ya explicaba en la Cadena SER que Euskadi estaba “dando sus primeros pasos” con esta figura dirigida especialmente a personas con autismo o discapacidad cognitiva.

Para Ugarte, el reconocimiento institucional de que la justicia debe adaptarse a la persona y no al revés representa “un avance enorme para nosotros”. Sin embargo, advierte que “una cosa es anunciar la figura y otra es hacer que esa figura realmente transforme la experiencia de las personas que pasan por un procedimiento judicial”.

“No es acompañamiento emocional ni buena voluntad”

La especialista insiste en que todavía persisten confusiones sobre el papel del facilitador procesal. “Un facilitador procesal no es un acompañante emocional ni alguien que traduce cosas, sino un profesional especializado que analiza qué barreras hay en la comunicación y propone ajustes razonables para que la persona pueda ejercer su derecho en igualdad de condiciones”, explica.

Estos ajustes, recuerda, van más allá de la empatía: “No es solo buena voluntad ni intuición, sino metodología y conocimiento sobre sensibilidad cognitiva”. Ugarte detalla que esos cambios pueden incluir desde simplificar el lenguaje técnico o estructurar las preguntas, hasta adaptar el ritmo de las declaraciones, anticipar lo que va a ocurrir o incluso reducir la carga sensorial en las salas si es necesario. “Hay muchos ajustes, tantos como necesidades concretas tiene cada persona”, resume.

Retos para que la figura sea efectiva

Para que el modelo funcione, Ugarte subraya tres elementos clave: “Primero, definir muy bien el perfil profesional del facilitador, con formación especializada; segundo, establecer protocolos claros y coordinación con los juzgados; y tercero, medir resultados”.

“No vale solo con estar ahí, tenemos que poder demostrar el impacto real en el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad”, advierte. En este sentido, considera que la experiencia del tercer sector puede ser decisiva. “Quiero poner en valor el papel de los servicios y entidades que llevamos muchos años trabajando en esto, aprendiendo de la experiencia real con personas”, señala.

Para ella, el conocimiento acumulado por asociaciones y profesionales que ya aplican la figura debe aprovecharse “si de verdad queremos que esta figura no sea simbólica sino transformadora”.

“El reconocimiento es un gran paso, pero el verdadero avance llegará cuando cada persona, sin importar su condición, pueda participar plenamente en un proceso judicial”, concluye.