La Junta se opone al nuevo mapa concesional nacional de transporte

Badajoz

La Junta de Extremadura ha citado a los alcaldes de los 164 municipios que verán suprimidas, total o parcialmente, sus rutas nacionales de autobús a una reunión este jueves para "ir todos a una" y exigir al Ministerio de Transporte que revise su propuesta, que no descarta impugnar en vía judicial.

Las consecuencias son "muy lesivas" para Extremadura, ha advertido este lunes el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, en rueda de prensa acompañado por el director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza Olivera.

Ha rechazado "de plano" la propuesta de mapa concesional para el transporte por carretera elaborado por el Ministerio porque, según ha apuntado, supone la supresión de rutas que afectan a 164 municipios extremeños en los que residen más de 800.000 personas, el 75 por ciento de la ciudadanía extremeña.

De estas localidades, 126 se quedarían sin parada de las rutas nacionales que pasan por ellas, mientras que en 38 verían reducidos sus servicios pese a que, ha lamentado el consejero, el autobús es en muchas ocasiones "la única posibilidad" que tienen los extremeños para desplazarse a otras regiones o dentro de Extremadura.

Según ha insistido, la reducción de servicios afecta a 164 de los 166 municipios que forman parte en la actualidad del mapa concesional del Ministerio, que en su nueva propuesta planea reducir las rutas de 76 a 22 rutas, de las que solo tres llegarán a Extremadura (Ruta de la Plata, Extremadura-Madrid y un ramal del trayecto Madrid-Castilla León que llega a Coria).

Ello supondría, según ha indicado a modo de ejemplo, que se dejaría sin servicio a los 17.129 extremeños que durante 2019 utilizaron la línea entre Cáceres y Madrid para viajar de Cáceres a Navalmoral de la Mata; a los 9.447 que usaron la línea Salamanca-Sevilla para desplazarse de Cáceres a Zafra, y a los 7.635 que fueron de Cabezuela del Valle a Plasencia.

Con el nuevo mapa, "si un ciudadano de La Albuera quiere ir a Sevilla, tendrá que desplazarse por otros medios hasta Badajoz para coger un autobús que después pasará por la puerta de su casa", ha añadido.

Por ello, Marín ha rechazado "de plano" esta propuesta y ha citado a los ayuntamientos afectados a una reunión el próximo jueves para que "entre todos coordinemos las acciones a llevar a cabo.

"Debemos ir todos de la mano, sea cual sea el color político", para defender las comunicaciones en Extremadura, evitar este "atropello" e impedir que "nuestros pueblos se queden cada vez más aislados", ha recalcado.

Según los datos del Ministerio, la supresión de servicios afectaría a 219.000 ciudadanos, una cifra que el consejero ha elevado a 427.000 porque, ha argumentado, el Gobierno central toma como referencia los datos de viajeros de 2019, a su juicio desactualizados.

Martín envió además una carta la pasada semana al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para trasladarle su desacuerdo y pedirle una reunión de la Conferencia Nacional del Transporte, que según ha criticado lleva dos años sin convocarse, para abordar este asunto.

En este sentido, ha criticado que el Ministerio esté analizando esta propuesta bilateralmente con las comunidades autónomas -con Extremadura lo hizo el pasado 16 de mayo- en lugar de hacerlo con el conjunto de las comunidades autónomas, y que base su planteamiento teniendo en cuenta "solo la viabilidad económica, y no la social, una cuestión fundamental en Extremadura".

Si el Ministerio no ha marcha atrás, ha añadido, el Ejecutivo autonómico estudiará todas las medidas oportunas, incluidas las judiciales, "para evitar este desprecio a nuestra comunidad" mientras que a otras regiones "se las riega de dinero constantemente para mantener a flote el Gobierno de Sánchez".

Ha considerado además "ridícula" las compensaciones de 25 millones de euros que el Estado plantea para el conjunto de las comunidades autónomas, una cantidad que a su juicio será agotada en unos meses.

El director general de Movilidad y Transportes, por su parte, ha criticado que el Gobierno central deje "al arbitrio de otras administraciones o de los ciudadanos" las soluciones, y ha dudado de los argumentos esgrimidos por el Ministerio, la eficiencia económica y la reducción de emisiones, cuando se obliga a los ciudadanos a buscar otros medios de transporte.

Por otra parte, a preguntas de los medios sobre el servicio de transporte a demanda, Martín Castizo ha recordado que se han ejecutado dos proyectos pilotos en la región con buenos resultados para las zonas rurales y que la intención es incorporarlo en el nuevo mapa concesional autonómico.