Detenidas 5 personas en Cáceres como presuntos miembros de una red que traficaba con especies animales protegidas
Además hay 18 investigados, diez de ellos en Extremadura
El mayor número de detenidos -cinco- e investigados -otros diez- en la operación Namib residen en Extremadura./Ministerio del Interior
Mérida
La Guardia Civil ha desarticulado una red delictiva "internacional" dedicada al tráfico y tenencia ilegal de especies protegidas. En total hay cinco personas detenidas, todas ellas en distintas localidades de la provincia de Cáceres, donde también hay nueve investigados más.
El resto de las personas investigadas pertenecen a las provincias de Badajoz, Madrid, Lugo, Almería y Málaga. En cada una de ellas se ha investigado a una persona, excepto en Málaga dónde el número de presuntos implicados asciende a cuatro.
La operación policial, denominada Namib y cuyas pesquisas se han desarrollado durante más de un año por los efectivos del instituto armado, se han centrado principalmente en Extremadura, concretamente en la provincia de Cáceres y han dado como resultado la incautación de ejemplares de una treintena de especies protegidas, en su mayoría aves exóticas reptiles, como tortugas de espolones africanos y tortugas leopardo, así como otras especies invasoras, entre las que destaca una suricata, un mamífero carnívoro originario del extremo sur de África. Los detenidos se enfrentan a penas entre seis meses y dos años por delitos contra el medio ambiente y la protección de la flora y la fauna.
De seis meses a dos años y multas
Según ha informado la comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, la red se dedicaba "al transporte, comercialización y tenencia ilegal de especies animales incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), cuyo comercio está estrictamente prohibido o fuertemente regulado" y tendría carácter internacional debido al hecho de que muchas de las especies detectadas procedían de Portugal.
Los detenidos podrían enfrentarse a penas de prisión de entre seis meses y dos años por delitos contra el medio ambiente y la protección de la flora y la fauna.
Además, se enfrentan a multas económicas importantes y, en todo caso, a la inhabilitación especial para actividades relacionadas con la tenencia o comercio de animales, han añadido las mismas fuentes. Durante algo más de un año que ha durado la operación, los investigadores han contado con el apoyo técnico de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, según detalla Guardia Civil.
