Comienza en Badajoz el juicio por el asesinato de la educadora social Belén Cortés

Badajoz

El Juzgado de Menores de Badajoz acoge desde este miércoles el juicio por la muerte de la educadora social Belén Cortés, de 35 años, asesinada el pasado mes de marzo en una vivienda tutelada de la capital pacense. Tres menores, de entre 14 y 17 años, se enfrentan a acusaciones por asesinato, robo con violencia y conducción sin permiso, en un caso que ha conmocionado al ámbito social y educativo de Extremadura.

La Fiscalía solicita penas de entre cinco y seis años de internamiento en régimen cerrado para los acusados: seis años para los dos varones de 14 y 15 años, y cinco para la menor de 17. A estas peticiones se suman las de la acusación particular, que reclama las penas máximas previstas por la ley de responsabilidad penal del menor, al considerar que el crimen se cometió con alevosía y con la intención de sustraer efectos personales de la víctima.

El abogado de la acusación particular, Raúl Montaño, manifestaba antes del comienzo del juicio que la familia de Belén “afronta el juicio con el deseo de que acabe cuanto antes este calvario”. “La familia está destrozada, pero este es el último paso que hay que dar. Tras las tres sesiones, solo quedarán los recursos escritos y ya no tendrán que revivir este dolor en persona”, explicaba.

Montaño insiste en que los hechos deben calificarse como asesinato y no como homicidio, argumentando que “se dan las circunstancias necesarias para que el homicidio sea agravado y, por tanto, calificado como asesinato”. Además, reprochó la falta de apoyo de la Junta de Extremadura a la familia durante estos meses. “La familia se ha sentido arropada por la sociedad y los colegios profesionales, pero no por la Administración. La presidenta llamó una vez, y desde entonces ha sido el abandono total”, denunciaba a las puertas de los juzgados.

Según el letrado, la familia solicitó reunirse con la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Sara García Espadas para expresar su malestar y conocer las actuaciones emprendidas tras el crimen, pero “nunca recibió respuesta”. “La asesoría jurídica ha tenido un trato exquisito, pero la falta de voluntad política ha sido total”, añadió.

Desde la defensa de uno de los menores, el abogado José Eduardo González coincidió en señalar que el caso refleja graves carencias en el sistema de protección de menores. “No cabe en cabeza humana que una medida judicial tan delicada se ejecute en una vivienda gestionada por una asociación sin medios ni preparación. Belén estaba sola aquella noche, cuidando a menores con perfiles complejos. Era la crónica de una muerte anunciada”, lamentó.

González subrayó que su defendido niega haber participado en el homicidio, y que su estrategia se centrará en demostrar que no intervino directamente en la agresión mortal. “Hay tres justicias aquí: la de los adultos, la de los menores y la de las contratas. La de adultos debe esclarecer cómo se permitió que una trabajadora quedara desprotegida en un contexto tan peligroso”, apuntó.

El letrado criticó la falta de reacción institucional pese a los avisos previos. “Durante años se advirtieron deficiencias en el sistema, tanto a la Fiscalía como a la Junta y al juez de menores. Nadie actuó. No es algo que surgiera de un día para otro”, afirmó.

En representación de la familia de uno de los menores, el abogado Fernando Cumbres recordaba que el proceso judicial no solo debe centrarse en la dimensión penal, sino también en la responsabilidad civil y social. “Aquí no se trata solo de determinar quién mató a Belén, sino de preguntarnos cómo pudo pasar. Las condiciones de trabajo en estos centros son inaceptables: falta de personal, medios insuficientes y salarios precarios. Ningún trabajador debería acudir con miedo a su puesto de trabajo”, incidía.

Cumbre trasladaba que dos de los tres acusados estaban tutelados por la Junta de Extremadura, lo que implica una responsabilidad directa de la Administración autonómica. “La Junta no puede mirar hacia otro lado. Aunque uno de los menores aún no tuviera una resolución de tutela, en la práctica estaba acogido en un piso gestionado bajo su supervisión. La responsabilidad institucional es clara”, sostuvo.

El caso ha reabierto el debate sobre la gestión de los recursos de protección de menores en Extremadura y en toda España. Colectivos profesionales del ámbito social han convocado concentraciones durante el juicio para rendir homenaje a la víctima y exigir más medios y apoyo psicológico para los educadores que trabajan en contextos de alta conflictividad.

A lo largo de los próximos días, el tribunal escuchará las declaraciones de los tres menores acusados, de varios testigos y de expertos en psicología y trabajo social. El juicio se prevé que concluya el 31 de octubre, tras lo cual el juez de menores dictará sentencia en las próximas semanas.

Mientras tanto, la familia de Belén Cortés y sus compañeros de profesión reclaman justicia y cambios reales. Como recordó su abogado, “lo único que desean es que su muerte sirva para que nunca más una trabajadora social tenga que morir por cumplir con su deber”.