La plataforma contra la tasa de basura convoca una concentración a las puertas del Ayuntamiento

Badajoz

La Plaza de España de Badajoz va a acoger el próximo miércoles 28 de enero, a partir de las 19:00 horas, una concentración ciudadana contra la nueva tasa de la basura en la ciudad, conocida como "Basurazo".

Un reivindicación que está convocada por la Federación de Asociaciones Vecinales, Facua Extremadura, la Plataforma de Núcleos Urbanos Secundarios y la Organización de Profesionales Autónomos de Extremadura (OPAEX).

Desde esta plataforma han anunciado que la ciudadanía ha presentado más de 8.000 recursos de reposición contra la ordenanza municipal que regula la tasa en el registro del consistorio pacense, una cifra sin precedentes en la historia reciente del Ayuntamiento. Ante la desestimación mayoritaria de esos recursos y el silencio administrativo en muchos casos, los colectivos han convocado esta acción de protesta.

De esta cita hablaba Anselmo Solana, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz y Poblado Siglo XXI, acompañado por Juan Carlos de Lima, presidente de la Plataforma de Núcleos Urbanos Secundarios; José Manuel Núñez, presidente de FACUA Extremadura; e Inmaculada Marín, presidenta de la Organización Profesional de Autónomos de Badajoz.

Solana subrayaba que la presentación de miles de recursos refleja “el enorme malestar de la ciudadanía ante una tasa que genera desigualdad y discriminación”. A su juicio, se trata de una respuesta social inédita: “Creo que es la primera vez que en Badajoz se presentan tantos recursos contra una resolución municipal. Eso debería haber sido motivo suficiente para que el Ayuntamiento escuchara y mostrara sensibilidad”.

Sin embargo, según denunciaron los colectivos, la respuesta municipal ha sido, en la mayoría de los casos, la desestimación de los recursos o el silencio administrativo. Algunos ciudadanos han comenzado a recibir notificaciones de rechazo semanas después de haber presentado sus alegaciones, mientras que otros no han recibido respuesta alguna, lo que jurídicamente equivale a una desestimación tácita. “Hoy podemos decir que no nos han querido escuchar”, lamentó Solana, quien recordó que miles de vecinos siguen sin saber en qué situación administrativa se encuentran.

Ante este escenario, las asociaciones han decidido dar un paso más en su estrategia de presión social y jurídica. La primera medida será la concentración del día 28, concebida como una protesta pacífica y masiva contra la tasa. “Invitamos a todas las personas que han presentado recursos y al conjunto de la ciudadanía a llenar la plaza del Ayuntamiento y a decir claramente que no estamos de acuerdo con el basurazo”, señaló Solana.

Además de la movilización, se pondrá en marcha una intensa campaña informativa en los días previos, con difusión en redes sociales, reparto de octavillas en barrios, mercadillos y zonas concurridas, así como acciones de megafonía por distintas calles de la ciudad. El objetivo es garantizar una amplia participación y visibilizar el rechazo social a la ordenanza.

FACUA Extremadura, por su parte, anunció que ya está trabajando con un gabinete jurídico para iniciar acciones contencioso-administrativas contra las desestimaciones del Ayuntamiento. José Manuel Núñez aseguró que la organización está dispuesta a “llegar hasta el final”, incluso asumiendo riesgos económicos. “Si es necesario, FACUA Extremadura se hundirá económicamente o será condenada en costas, pero no vamos a abandonar esta lucha”, afirmaba.

Núñez enmarcaba el conflicto de Badajoz en un contexto nacional, recordando que el rechazo al “basurazo” se está produciendo en muchas ciudades españolas. No obstante, destacó que “Badajoz ha sido, probablemente, la ciudad con más protestas y acciones reivindicativas”, lo que, a su juicio, evidencia la magnitud del descontento social.

Uno de los principales argumentos de los colectivos contra la ordenanza es el criterio utilizado para calcular la parte variable de la tasa, basada en los metros cuadrados de la vivienda o del local. Las asociaciones consideran que este sistema vulnera el principio de “quien contamina paga”, recogido tanto en la directiva europea de residuos como en la legislación española. “No contaminan los metros de una vivienda, contaminan las personas que viven en ella”, insistieron. Así, denunciaron que una persona que vive sola en un piso grande puede pagar lo mismo que una familia numerosa en una vivienda de similar tamaño, lo que consideran injusto y discriminatorio.

Otro de los puntos polémicos es la gestión de las notificaciones. Según FACUA, cerca de 11.000 ciudadanos y empresas aparecieron en un listado publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras no haberse podido practicar la notificación de la tasa por vía ordinaria. Las asociaciones dudan de que todas esas personas tuvieran conocimiento efectivo del procedimiento y alertan de posibles situaciones de indefensión y recargos futuros.

Los colectivos insisten en que el Ayuntamiento aún está a tiempo de rectificar, aprovechando la elaboración de los presupuestos municipales de 2026. Según sus estimaciones, la tasa de residuos generará cerca de 10 millones de euros anuales, una cantidad que permitiría, a su juicio, revisar los criterios de la ordenanza o compensar su impacto mediante otras medidas fiscales.