PP y Vox sellan un acuerdo de gobierno en Extremadura con rebajas fiscales, giro en inmigración y blindaje del sector primario

Mérida

PP y Vox han formalizado un acuerdo para constituir un Gobierno de coalición en Extremadura, con el objetivo declarado de garantizar la estabilidad política durante toda la legislatura y desarrollar un programa común basado en la reducción de impuestos, el control del gasto público, el refuerzo de la sanidad y un cambio en las políticas de energía, inmigración, vivienda y servicios sociales.

El documento facilitado, de un total de 23 páginas, establece las bases del pacto, bajo la premisa de “un Gobierno, dos partidos”, con respeto a la jerarquía competencial, lealtad institucional y compromiso de comunicación permanente entre los socios. PP y Vox subrayan que el acuerdo no elimina sus diferencias ideológicas, pero sí fija un marco de colaboración orientado —según el texto— al “bien común” y al progreso de la región durante los próximos cuatro años.

Energía, industria y Almaraz

En materia energética, el acuerdo contempla blindar la continuidad de la central nuclear de Almaraz mediante la eliminación progresiva de la ecotasa autonómica que grava la producción energética. La reducción será del 30 % anual hasta su desaparición antes del final de la legislatura. El 50 % de lo recaudado cada año se destinará a un fondo para el desarrollo socioeconómico del entorno de la central.

El texto también incluye un plan integral de atracción industrial, con liberalización de suelo industrial, ampliación de polígonos, incentivos a la instalación de empresas y simplificación administrativa, generalizando el silencio administrativo positivo y la declaración responsable como norma.

Sector primario y regadíos

El acuerdo dedica un amplio bloque al sector primario, que el futuro Ejecutivo se compromete a “blindar” frente a la Agenda 2030, el Pacto Verde y determinadas políticas de la Unión Europea. PP y Vox expresan su rechazo al acuerdo UE‑Mercosur si no garantiza igualdad de condiciones para los productores extremeños.

Una de las medidas centrales es la ejecución total del proyecto de regadío de Tierra de Barros, para lo que se creará una Dirección General de Regadíos y se buscarán fórmulas de financiación públicas y privadas. El acuerdo recoge además planes de modernización de regadíos, infraestructuras hídricas y caminos rurales, así como reformas de varias leyes autonómicas ambientales, agrarias, de caza y pesca con el objetivo de simplificar trámites y reducir cargas al sector.

Sanidad y servicios sociales

En sanidad, el documento incluye un plan de mejora del sistema sanitario extremeño, con una dotación adicional de 500 millones de euros anuales desde 2026, campañas quirúrgicas extraordinarias y un plan cuatrienal para contratar 1.500 profesionales sanitarios. También se prevé la equiparación salarial progresiva entre trabajadores de servicios sociales y del Servicio Extremeño de Salud.

Asimismo, se recogen medidas para aumentar plazas en residencias y centros de día y reforzar la atención a las personas mayores, así como un plan de infraestructuras sanitarias basado en criterios de equidad territorial.

Inmigración: endurecimiento y control

El bloque de inmigración plantea un endurecimiento de la política autonómica. El acuerdo recoge el rechazo a la acogida de menores extranjeros no acompañados trasladados por el Gobierno central y la negativa a habilitar nuevos centros o ampliar plazas. Se prevé una auditoría anual del gasto en inmigración, la supresión de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal y la creación de una unidad administrativa de verificación del fraude prestacional y del padrón.

El texto también incluye la promoción de acuerdos para la repatriación de menores, la verificación de edad mediante pruebas específicas y la prohibición del uso del burka y el nicab en edificios y servicios públicos autonómicos.

Rebaja de impuestos y vivienda

En fiscalidad, PP y Vox acuerdan una rebaja progresiva del IRPF autonómico, la ampliación de bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones, la reducción del impuesto de actos jurídicos documentados y una bajada general de tasas autonómicas, recuperando bonificaciones anteriores.

En vivienda, el acuerdo prevé la reforma de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística, la construcción de al menos 3.500 viviendas protegidas y un sistema de acceso inspirado en el principio de “prioridad nacional”, con requisitos de arraigo y exclusión de personas condenadas por ocupación ilegal. También se incluyen avales públicos, deducciones fiscales y medidas de impulso al alquiler asequible.

Educación, familia y gasto público

El pacto recoge la homologación salarial progresiva del profesorado, la gratuidad total de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, la priorización de productos españoles en comedores públicos y la climatización de centros educativos.

En familia y natalidad, se establecen nuevas deducciones fiscales por nacimiento o adopción, ayudas al material escolar y el compromiso de aprobar una nueva ley de familia antes de 2028.

Finalmente, el acuerdo incluye auditorías periódicas del gasto público, la reducción de subvenciones a sindicatos y entidades sin utilidad pública acreditada y el recorte de la cooperación internacional al mínimo legal.

Estructura del Gobierno

En cuanto a la distribución de responsabilidades, Vox asumirá una Vicepresidencia y la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, además de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, y una designación de senador autonómico.