A Coruña tiene 2.000 demandantes de vivienda de protección oficial
Los grupos municipales urgen medidas que pongan freno al precio medio del alquiler, el más caro de Galicia
A Coruña Opina (19/03/2023)
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A Coruña
Más de 2.000 personas demandan actualmente una vivienda de protección oficial en A Coruña. Debido a los precios disparados del alquiler ven imposible asumirlos o lo hacen con grandes dificultades. El alquiler medio alcanzó en el pasado mes de febrero en la ciudad 582 euros, el más caro de Galicia, según el Observatorio de Vivienda de la Xunta. A ello se suman los pisos vacíos: unos 14.000.
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Ha habido debate en A Coruña Opina de Radio Coruña Cadena SER con los grupos municipales con representación en la corporación local. Todos admiten que A Coruña tiene un gran problema de vivienda.
Desde la oposición, para el concejal del Partido Popular, Roberto Rodríguez, es fundamental una nueva oferta pública de viviendas nuevas y agilizar la tramitación de licencias.
La portavoz de Marea Atlántica, María García, ha afeado al Gobierno municipal no haber ejecutado el acuerdo por el derecho a la vivienda de 2021, con medidas concretas y 9 millones de euros de dotación.
Para el portavoz y candidato a la alcaldía por el BNG, Francisco Jorquera, es clave incentivar fiscalmente las viviendas vacías para facilitar a los propietarios su alquiler.
El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, considera que el desarrollo de proyectos urbanísticos como el de San Pedro de Visma -con edificios de 10 y 12 alturas- permitirán disponer, además de viviendas privadas, de una oferta de mil pisos protegidos, de los que dos centenares serán municipales, ha dicho.
Ha acusado a la Xunta -con competencias en esta materia- de mantener una escasísima oferta de viviendas de protección oficial en la ciudad, "apenas unas 40 en el barrio de Xuxán" ha lamentado.
La adopción de medidas ante el incremento de pisos turísticos es otra cuestión que urgen los grupos políticos con representación en el Concello de A Coruña. El Gobierno local señala que constituirá una mesa de trabajo, en la que estarán presenten las asociaciones del sector de la construcción, inmobiliario y hospedaje, para analizar si es necesaria una ordenanza específica para las viviendas que sólo se alquilan en tiempo vacacional.
