El BNG y PSdeG denuncian en el Parlamento la intención del PPdeG de avalar el plan "ilegal" del Celta en Mos
El PPdeG interpreta que la sentencia del TSXG muestra que "no hay ninguna ilegalidad" sobre el Galicia Sports 360
Representantes del BNG y del PSdeG han denunciado este miércoles en el Parlamento de Galicia la intención del PPdeG de avalar y continuar el plan del Celta de Vigo para construir nuevas instalaciones deportivas en el municipio pontevedrés de Mos, el Galicia Sports 360, pese a que consideran que fue declarado "ilegal" por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
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Así lo han indicado las diputadas Alexandra Fernández y Leticia Gallego, del BNG y el PSdeG en una comisión de la Cámara autonómica. En ella pedían a la Xunta respetar la normativa medioambiental en una resolución rechazada por el PPdeG.
Denuncias del BNG y PSdG
La diputada del BNG y autora de la iniciativa tachó de "dinámica coercitiva" la estrategia adoptada por la Xunta y señaló que una reciente sentencia firma del TSXG establece que el proyecto Galicia Sports 360 incurrió en una "fragmentación fraudulenta de un macropelotazo urbanístico" que ahora cuenta con el apoyo de Rueda", después de haber sido avalado por Feijóo. La diputada destacó que el TSXG "certifica que todo lo que se hizo es ilegal" en Mos y ahora el presidente de la Xunta "intenta legalizarlo".
También la diputada del PSdeG, Leticia Gallego, calificó de "escandaloso" el procedimiento del Concello de Mos y de la Xunta de Galicia con ese proyecto declarado "ilegal" por el TSXG. Gallego indicó que visitó la zona y no hay "pequeños vestuarios y un pequeño almacén" como inicialmente era el plan, sino un proyecto fruto de "ilegalidad tras ilegalidad" propio de una "república bananera". Además añadió que no solo faltan informes sobre impacto ambiental o sobre la repercusión en los acuíferos, sino que incluso la Xunta "ignoró un informe arqueológico" sobre el hallazgo en esos terrenos de vestigios de la Edad de Bronce.
Réplica del PPdG
La diputada del PPdeG Felisa Rodríguez interpretó que la sentencia del TSXG muestra que "no hay ninguna ilegalidad" sobre dicho proyecto. "Lo único que dice la sentencia es que las obras son autorizables en suelo rústico", y concluyó que por ello el municipio y las autoridades autonómicas intentan modificar la normativa para ajustarse a la legalidad.