El juicio contra Juan Carlos Santórum y demás procesados por el alijo de 4 toneladas de cocaína incautado en 2020 se celebrará en Vigo entre marzo y abril
La Fiscalía pide para Santórum 18 años de prisión y una multa de 438 millones de euros
Imagen de archivo de fajos de droga de un decomiso de cocaína en Vigo / EFE
La sede viguesa de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha reservado doce días para el juicio contra Juan Carlos Santórum y otros 28 procesados, entre los que se encuentran su hermano y un funcionario de Aduanas, en relación con el decomiso en 2020 de un alijo de 3,8 toneladas de cocaína.
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La convocatoria de la vista oral fue inicialmente fijada para el 27 de febrero pero fue suspendida por "diversas cuestiones, entre ellas, cambios de abogados", según informó entonces el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El alto tribunal gallego ha informado de que, en principio, la vista oral del juicio ha sido fijada para el 20, 21 y 22 de marzo y se reanudará el 16 de abril, con fechas reservadas para su celebración hasta el 26 de ese mes con un total de doce sesiones.
18 años de prisión y 438 millones de multa para Santórum
La Fiscalía pide 18 años de prisión y una multa de 438 millones de euros para Santórum, considerado el jefe de la organización, que se preparaba para recibir el alijo de cocaína transportada a bordo del buque "MV Karar".
También se le imputa un delito contra la salud pública con el subtipo superagravado de extraordinaria gravedad en atención a la cantidad de droga decomisada, la utilización de embarcaciones como medio de transporte específico y el establecimiento de una red internacional dedicada a estas actividades en el seno de una organización delictiva de la que presuntamente era el responsable.
Se tata de varios delitos en concurso con el de coordinación y dirección de organización criminal, y otro de contrabando, según la Fiscalía.
13 años de prisión y hasta 400 millones de euros de multa para los otros procesados
Para su hermano, así como para un funcionario integrado en el servicio marítimo de Vigilancia Aduanera, la mujer de este y otras 25 personas, la Fiscalía solicita 13 años y medio de prisión y dos multas de 400 millones de euros por delitos contra la salud pública con el subtipo de extraordinaria gravedad, integración en organización criminal y contrabando.
En el caso del trabajador del servicio de Aduanas pide, además, la petición de una pena de 40 años de inhabilitación absoluta y de otros 6 años de cárcel, solicita el mismo tiempo de prisión que para su mujer, además de una multa de 1,47 millones de euros por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
Uno de esos procesados también se enfrenta a dos años de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas y en dos de los imputados concurre la agravante de reincidencia. De los 29 procesados, 13 son españoles de Galicia, nueve de Nepal, cinco de Bangladesh, uno de Colombia residente en Madrid, y otro de Uruguay aunque domiciliado en Galicia. La Fiscalía reclama, además, que sean condenados a pagar las costas judiciales y al comiso de todas las sustancias, dinero y efectos.
Además de Santórum y su hermano, nueve están acusados de implicación en la preparación y disposición de las embarcaciones para recibir la droga del buque 'MV Karar', y otros tres, entre ellos el trabajador de Aduanas, de colaborar de modo especial, según la Fiscalía, en concertar las operaciones de transporte de estupefacientes y en la distribución lucrativa posterior de drogas.
Operación antidroga de 2020
La Fiscalía señala que entre marzo y abril de 2020 y hasta las detenciones, el 26 de abril de ese año, los acusados se disponían a participar en el traslado y desembarco de la cocaína transportada en el barco, que fue abordado el 25 de abril de 2020 con un cargamento de 3.824 kilos de cocaína con una pureza media del 77,6 % y un valor estimado en el mercado ilícito de 146.309.350 euros.
El buque de servicio a plataformas marinas, con bandera de Togo, medía 60,45 metros de eslora y 13,41 metros de manga, y estaba formalmente gestionado por la sociedad Servitec Steam Ship bajo la titularidad de la armadora Marcomer, ambas con el mismo domicilio social en Panamá, y "específicamente instrumentalizado" para el desarrollo del transporte del cargamento de cocaína incautado.
Conforme a lo que derivó de su registro, el capitán era un bangladesí y en la tripulación, el único no nacido en Nepal o Bangladesh era gallego.
