La huelga de letrados de la Administración de Justicia amenaza el inicio del juicio por el caso Novo Carthago
Entre imputados y testigos, hay muchos cargos del PP entre los años 90 y los 2000, en lo que espera que sea uno de los juicios más mediáticos del año en la Región de Murcia
Audiencia Provincial de Murcia / CADENA SER
Murcia
Tras una larga instrucción, estaba previsto que el juicio por el Caso Novo Carthago comenzara este lunes, 27 de febrero, y se prolongara hasta el 25 de abril. Las cuestiones previas y las comparecencias de los acusados estarían previstas para los días comprendidos entre el 1 y el 6 de marzo, la comparecencia de de la ex alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro para el 8 de marzo de 2023 y la del que fuera presidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel, y el ex consejero Francisco Marqués para el 20 de marzo.
La comparecencia de los 36 testigos concluiría el 20 de marzo y daría paso a la presentación de la pericial y documental el 21 de marzo. Finalmente, estaba también previsto que el juicio se extendiera hasta el 25 de abril con la lectura del resto de la documental, conclusiones, informes y última palabra, entre otras cosas.
Sin embargo, la huelga de letrados de la administración de Justicia ha provocado que, de momento, se hayan suspendido las sesiones de juicio del 27, 28 de febrero y 1 de marzo, salvo que se suspenda la huelga. El viernes, la reunión entre los letrados de la Administración de Justicia y el ministerio acabó sin acuerdo. El Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, advertía en estos micrófonos que la prolongación de la huelga podía llevar al colapso judicial.
En consecuencia, el juicio por el Caso Novo Carthago, que está llamado a ser uno de los más mediáticos del año en la Región de Murcia, se encuentra en el aire. Fuentes cercanas al caso aseguraban a Radio Murcia que, hasta mañana, no se sabrá finalmente si inicia el proceso judicial, pero Díaz Manzanera aseguraba que "muy posiblemente se va a tener que suspender si no se levanta esta huelga".
El caso investiga la modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales para favorecer un proyecto de macro urbanización que contemplaba la construcción de 10.000 viviendas, hoteles y campos de golf en terrenos no urbanizables cercanos al Mar Menor, "ya que contaban con todas las figuras imaginables de protección ambiental", según los tribunales.
Entre los acusados se encuentran dos ex consejeros populares, Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana. A ellos se suman diferentes ex directores generales del ejecutivo regional, funcionarios y asesores, además de la acusación contra la promotora Hansa Urbana.
