La ley de protección del Mar Menor, la obsesión de Vox y su principal objetivo para entrar en el Gobierno de la Región de Murcia

Murcia

Ni las políticas de igualdad, ni la inmigración, ni la unidad de España, en la Región de Murcia la verdadera obsesión de Vox es una (y es la que, a la hora de la verdad, está haciendo imposible el acuerdo con el PP): derogar la ley de protección del Mar Menor. Y ésa y no otra es la piedra angular que separa a PP y a Vox para formar gobierno en la Región, porque a nadie escapa que su insistencia en entrar en el ejecutivo autonómico como condición para apoyar la investidura de López Miras busca poder actuar sobre esa ley.

Estos días se cumplen tres años de su aprobación y entrada en vigor. El texto contempla una serie de medidas para frenar el deterioro que venía sufriendo el Mar Menor desde 2015 (con la "sopa verde" o los episodios de mortandad masiva de peces), ordenando diferentes actividades que se desarrollan en su entorno. Pero, particularmente, se regula la práctica agrícola en la cuenca vertiente de la laguna, lo que provocó la contestación del sector.

Desde el primer momento, Vox capitalizó el malestar del sector agro, sobre todo de los grandes empresarios y las grandes corporaciones agroindustriales de la zona, y de ello ha hecho un auténtico caballo de batalla desde antes incluso de las elecciones del 28M y la posterior negociación con el PP. De hecho, una sus primeras iniciativas fue elevar al Tribunal Constitucional en octubre de 2020 un recurso de inconstitucionalidad de esta ley, algo que rechazó este órgano en mayo de 2021.

"Que nadie cuente con nosotros si no se deroga la Ley de Protección del Mar Menor", viene advirtiendo desde hace meses su líder regional, José Ángel Antelo, y en ese mensaje han insistido tanto durante la campaña electoral para las municipales y autonómicas, como más recientemente también para el 23J, durante el cual se han cruzado las negociaciones de PP y Vox "Tenemos claro es que, si somos

Vox sostiene que la ley criminaliza a la agricultura y para denostarla no han dudado en utilizar informes oficiales manipulados o realizar sus propias "investigaciones" sesgadas para negar la evidencia científica: que el 85% de los nitratos que llegan a la laguna provienen de la actividad agropecuaria. En la más pura línea negacionista, aseguran que hay que proteger al Mar Menor de sus "verdaderos agentes contaminantes" y se refiere concretamente a las aguas residuales provenientes de los municipios ribereños.

Mientras tanto, la ultraderecha viene prometiendo una nueva ley en la que asegura que está trabajando pero de la que no ha trascendido nada más, aunque sí que ha dicho José Ángel Antelo que se tratará de una ley "que no esté sometida a los lobbys climáticos". Más allá de eso, han insistido en poner en práctica medidas como el dragado de las golas que comunican el Mar Menor con el Mediterráneo a través de La Manga, una alternativa desaconsejada y descartada por diferentes órganos científicos.

Lo cierto es que Vox responde a ese sector que le ha apoyado y entorno al cual ha creado una amplia base de su electorado y sobre el que ha cimentado el obtener desde 2019 más del doble de la representación que tenía en la Asamblea Regional, donde han pasado de 4 9 diputados. De ahí su insistencia en entrar en el ejecutivo, con una vicepresidencia y dos consejerías: en primer lugar, para derogar esa ley (es el punto 1 de los 12 que han planteado al PP) y así controlar al mismo tiempo las políticas que puedan afectar a la actividad agrícola en el entorno del Mar Menor.

El PP hasta ahora ha sostenido que no se va a dar "ni un paso atrás" con la Ley del Mar Menor. Sin embargo, en los primeros pasos de la nueva legislatura en la Asamblea Regional cedió a Vox la presidencia de la Comisión de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Agua, con lo que cualquier iniciativa legislativa que llegue a la cámara autonómica relacionada con el Mar Menor tiene que pasar por un órgano controlado por la ultraderecha.