La investigación judicial por el incendio de las discotecas de Atalayas podría durar años

Murcia

El magistrado del juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, en funciones de guardia, decretaba ayer a última hora el secreto de sumario en las diligencias abiertas para la investigación del incendio en la zona de ocio de Atalayas.

Una investigación en la que el Ayuntamiento de Murcia ya ha anunciado que se personará como acusación particular contra la empresa Teatre SL "por incumplir las órdenes de cese" decretadas por el consistorio desde enero de 2022. Así lo ha anunciado el teniente de alcalde de Planificación Urbanística, Antonio Navarro, tras dar a conocer junto al anterior teniente de alcalde de Urbanismo, Andrés Guerrero, que tanto La Fonda como Teatre carecían, además,  de licencia de actividad desde esa fecha.

Teniendo en cuenta estos hechos en la Ventana Región de Murcia hemos querido conocer qué responsabilidades se pueden exigir tras el incendio que costó la vida a 13 personas y quién o quienes serían los presuntos responsables.

Para ello hemos pedido ayuda al abogado penalista murciano Pablo Martínez López que augura que "esta investigación no va a ser precisamente rápida. Yo creo que va a llevar varios años de investigación para determinar cada una de las funciones de cada persona, las distintas responsabilidades que luego se depurarán en un juicio futuro".

El primer paso de la instrucción de la causa es el que se está realizando en este momento, la recopilación de pruebas documentales que posteriormente servirán para "depurar quienes eran los responsables de la seguridad de los locales". Aquí, explica el abogado "podríamos estar hablando de 13 delitos de homicidio por imprudencia más delitos de lesiones por imprudencia de las personas que, sin haber fallecido, han sufrido consecuencias graves o han estado hospitalizadas como consecuencia de la intoxicación por humo".

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En estos casos, el o los responsables se podrían enfrentar a penas que van desde uno a cuatro años de prisión por cada uno de los fallecidos más penas de entre seis meses y dos años de cárcel por cada uno de los delitos de lesiones por imprudencia.

¿Quienes serían los responsables?

El abogado penalista, Pablo Martínez, añade que debemos distinguir dos cuestiones en este caso: por un lado "la responsabilidad administrativa de este tipo de locales y por otro las responsabilidades penales de los explotadores de los negocios".

"Lo normal es que fueran los legales representantes de las mercantiles que no hubieran tomado las medidas de seguridad para que se hayan producido estos hechos", explica el letrado añadiendo que "habría que ver estas mercantiles cómo están articuladas, quienes son sus gerentes, sus administradores, si esos locales están arrendados o no están arrendados".

"Y luego hay otras consecuencias que podrían ser las responsabilidades por un posible delito de daños porque a lo mejor estos locales tienen un dueño que no es el mismo que está explotando el negocio", explica Martínez.

"Si el Ayuntamiento ha hecho una dejación de sus funciones por un mal funcionamiento de la administración y ha llevado a que algunos locales estén abiertos sin licencia y no haya controlado eso, podría haber una responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento y que entrara al procedimiento, no tanto como acusación particular sino como responsable civil subsidiario de estos hechos", concluye el abogado.