“Absentismo al límite”: los Graduados Sociales alertan de una situación insostenible para pymes y autónomos en la Región

MURCIA

El absentismo laboral se ha disparado en la Región de Murcia y ha alcanzado niveles que el Colegio de Graduados Sociales califica de “alarmantes”. Según sus datos, en el tercer trimestre de 2025 el absentismo creció un 9,2%, muy por encima de la media nacional del 6,6%. Un incremento que golpea especialmente a las pymes y autónomos, donde la ausencia de uno o dos empleados puede suponer la caída del 30 o 40% de la producción.

El decano de los Graduados Sociales, Alfonso Hernández Quereda, advierte de que el fenómeno está directamente relacionado con el fuerte aumento de las bajas de larga duración y un récord de incapacidades temporales, muchas de ellas vinculadas a problemas de salud mental como ansiedad, depresión o estrés laboral. Hernández Quereda señala que estos diagnósticos, cada vez más frecuentes, reflejan precariedad, tensión y un deterioro del clima laboral en diferentes sectores.

Otro factor clave es la saturación de la atención primaria, que ralentiza los procesos médicos y alarga las bajas innecesariamente. El decano denuncia que los médicos de familia disponen de muy poco tiempo para evaluar cada caso, lo que impide un diagnóstico preciso y genera una emisión de bajas que podrían ser compatibles con el trabajo si hubiera seguimiento especializado.

Por ello, la institución propone reforzar el sistema incorporando a las mutuas en el control y revisión de las bajas derivadas de enfermedad común, no solo en el pago de prestaciones. Esta medida —actualmente en negociación en el Ministerio— permitiría, según Hernández Quereda, agilizar pruebas diagnósticas, acortar los tiempos de recuperación y contar con criterios clínicos más rigurosos para altas y bajas. Aunque reconoce que es una “patata caliente” para el Gobierno, por la oposición de algunos sindicatos, insiste en que es imprescindible para frenar una situación que ya lastra al tejido productivo.

El impacto económico del absentismo en la Región es enorme: la incapacidad temporal supone unos 1.000 millones de euros anuales y, sumando los complementos de prestación que asumen las empresas, la cifra podría superar los 2.000 millones. Una carga que —recuerda— es inasumible para muchas pequeñas empresas que deben contratar sustitutos, mantener cotizaciones y asumir costes adicionales durante meses.

El decano muestra especial preocupación por la evolución de las bajas por salud mental, que pueden prolongarse hasta un año y medio sin un seguimiento adecuado. Reivindica un control más especializado, garantías para los trabajadores y una evaluación que tenga en cuenta el tipo de puesto: “Un mismo diagnóstico puede ser incapacitar en un trabajo de esfuerzo físico, pero compatible con un puesto de oficina”, subraya.

Los Graduados Sociales llaman a reforzar recursos, mejorar los circuitos sanitarios y garantizar un sistema que no penalice ni a trabajadores ni a empresas. “La situación es complicada y requiere decisiones valientes”, concluye Hernández Quereda.