A trámite la ley para abolir la prostitución gracias al PP: 'En Comú' se desmarca de Podemos y vota en contra

La proposición de Ley para abolir la prostitución impulsada por el PSOE se tramitará en el Congreso gracias al apoyo del PP, aunque ha quebrado al bloque de la investidura y ha abierto también grietas en Unidas Podemos. El debate para la toma en consideración de la iniciativa ha dividido a la Cámara entre quienes ven la prostitución como una violencia contra la mujer, opinión mayoritaria y compartida por socialistas y populares, y quienes defienden la libertad sexual de quienes la ejercen. La votación se ha saldado con 232 votos a favor del PP, PSOE y Podemos, menos los siete diputados de En Comú que se han desmarcado y han votado en contra al no estar de acuerdo con la forma. Asimismo, ERC, Ciudadanos y la CUP han sumado 38 votos negativos, mientras que han sido 69 las abstenciones de Bildu, PNV y Vox. De esta forma, el proyecto de ley ha superado el primer trámite y se llevará de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva. Desde el PSOE defienden que la ley pretende perseguir penalmente el proxenetismo y multar a quienes acuden a la prostitución. La prostitución ha enfrentado tradicionalmente al movimiento feminista y el PSOE, que ha hecho bandera de su abolición. Los socialistas decidieron lanzar este órdago después de que varios de sus socios exigieran eliminar de la conocida como Ley del solo sí es sí los artículos que penalizaban el proxenetismo y el alquiler de locales para la prostitución. La iniciativa que comienza ahora su andadura en el Congreso recupera ese objetivo y, en línea con el modelo sueco y francés, amplía su ámbito a los puteros, con multas e incluso penas de prisión si se trata de una menor. Salvo del PP, la propuesta socialista ha recibido innumerables críticas, con varios argumentos comunes: reproches al camino elegido, mediante una proposición de ley fruto de una disputa previa con Unidas Podemos, y también al fondo del asunto, por optar por un enfoque «punitivista» que olvida las necesidades de las víctimas, en especial una reforma de la ley de extranjería que les dé papeles. Unidas Podemos ha optado por el sí, aunque En Comú ha decidido votar «no» al considerar que la ley, con un enfoque paternalista, supondría un grave retroceso en los derechos de las mujeres, según han explicado fuentes de esta formación. Desde la tribuna, la diputada de Unidas Podemos Sofía Castañón ha expuesto también múltiples discrepancias y ha avanzado que enmendarán el texto para castigar el proxenetismo vinculado a la explotación, reformar la ley de extranjería y eliminar el artículo que multa a los puteros. Ya lo había anunciado minutos antes la diputada de En Comú Podem, Aina Vidal, en Twitter que los morados catalanes iban a votar «no» y ha explicado que la negativa se debe a que es una ley «moralista, paternalista, punitivista» y que «no escucha a todas las mujeres, no trae garantías, mezcla trata con prostitución y técnicamente deja mucho que desear». En varios mensajes en la red social explicaba que «forzar la división precisamente con la prostitución es irresponsable» y que «no puede abordarse de espaldas a las propias mujeres que la ejercen». Por ello, ha abogado por «partir del respeto y de la valentía de escuchar a todas las mujeres». «No queremos que las mujeres sean criminalizadas ni estigmatizadas, queremos escuchar y proteger», argumentaba. Y censuraba que la ley «no prevé medidas sociales para acabar con la prostitución, ni el acompañamiento, ni la inserción, ni políticas de vivienda o de rentas. Tampoco mejores condiciones de las migrantes para acceder a la ciudadanía». Sin embargo, Adriana Lastra ha recordado que, según cifras de Interior, en España hay 45.000 mujeres explotadas sexualmente, y ha llamado al consenso para acabar con la impunidad del proxenetismo: «En una democracia las mujeres ni se compran ni se venden». «La explotación sexual, el comercio con el cuerpo de las mujeres es el último residuo del sistema esclavista», ha recalcado la dirigente socialista pidiendo no olvidar que la mayoría de las víctimas de trata son mujeres explotadas sexualmente. El principal apoyo del grupo socialista ha llegado desde las filas del PP, cuya portavoz Marta González ha subrayado la voluntad de su partido de colaborar en una transformación social que ha comparado con el final de la esclavitud o de la pena de muerte. «Ninguna mujer ejerce la prostitución de forma libre», ha defendido la diputada, quien ha recalcado el rechazo de su grupo a cualquier forma de violencia contra las mujeres, entre las que la prostitución es una «particularmente grave». «Quienes consumen son ellos y ellas las que son objeto, que no sujeto, de consumo», ha apostillado. Mientras, el bloque de investidura se ha dividido entre la abstención (PNV y EH Bildu) y el no, una opción que ha encabezado ERC y a la que se ha sumado formaciones como Ciudadanos y la CUP. La portavoz de ERC, Pilar Vallugera, ha denunciado la «demagogia» del PSOE al presentar esta ley sin consultar a las mujeres que se prostituyen y no atender sus necesidades: «están blanqueando sus sepulcros; son ustedes unos hipócritas». El PVN también ha exigido una reforma de la ley de extranjería y una ley contra la trata y ha lamentado el «feminismo punitivista», mientras que EH-Bildu ha reclamado un debate amplio que distinga la trata de la prostitución ejercida libremente, la misma petición que han hecho Junts y el PDeCAT. Desde la CUP se ha acusado al PSOE de «legislar desde la moral» y también ha sido muy crítico el discurso de la portavoz de Ciudadanos Sara Giménez, quien ha apostado por regular la prostitución para garantizar derechos a aquellas personas, la mayor parte mujeres, que se prostituyen de forma libre. Para Vox, la prostitución «es un mal, no es moralmente buena ni para las personas que lo ejerce ni para los que lo consumen», pero su diputada María de la Cabeza Ruiz ha criticado que el PSOE se haya lanzado a prohibir sin ofrecer alternativas a las mujeres y sin reformar la lucha contra las mafias que trafican con inmigrantes. Finalmente, el partido de Santiago Abascal se ha abstenido. La propuesta recoge la modificación del artículo 187 del Código Penal para que «castigue de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación». Con este cambio, se impondría un castigo de prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia, intimidación, o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución. Esta proposición de ley también recupera la tercería locativa que pena a aquellos que, con ánimo de lucro y de forma habitual, cedan bienes inmuebles o local para favorecer el ejercicio de la prostitución. Es decir, a los dueños de los clubes, locales y pisos donde las mujeres ejercen esta práctica. Además, se multará a los clientes de la prostitución. Según recoge el texto en su exposición de motivos, «las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos». «Estas personas representan la condición de posibilidad para que se produzca la prostitución», ha explicado el PSOE, que propone un «reproche penal» para estas personas: una multa de 12 a 24 meses, que se eleva a prisión de 1 a 3 años y multa de 24 a 48 meses si la persona que presta el acto sexual es menor. Sin embargo, el texto no incluirá medidas para prohibir la pornografía, a pesar de las reclamaciones que está realizando en este sentido una parte del movimiento feminista en España.

A trámite la ley para abolir la prostitución gracias al PP: 'En Comú' se desmarca de Podemos y vota en contra

La iniciativa del PSOE cuenta con el apoyo de PP y Podemos, pero ERC y la CUP han votado 'no' y PNV Bildu y Vox se han abstenido

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