El PP pide la absolución de Bárcenas por el pago en negro de la reforma de Génova

Madrid

La Audiencia Nacional condenó a Luis Bárcenas a dos años de cárcel y al Partido Popular al pago de 123.000 euros como responsable civil subsidiario. La sentencia consideró probado que el extesorero del PP pagó en negro, con el dinero de la caja B, un millón de euros para la reforma de la sede de Génova.

Ahora los populares recurren esta decisión y piden al Supremo la absolución de Luis Bárcenas para poder anular su responsabilidad civil derivada del delito. Dice el escrito, al que ha tenido acceso la Cadena SER, que la investigación contra su extesorero se formaliza cuando los hechos ya estaban prescritos y que si no se estima este motivo "los ciudadanos –también los inocentes, pero por azares de la vida sospechosos– estarían perennemente inseguros en relación con su libertad".

El partido de Alberto Núñez Feijóo sale en defensa de Bárcenas, pero manteniendo cierta distancia cuando afirma que "sólo él conocía y controlaba la supuesta caja B" desde la que se hicieron los pagos a la empresa Unifica. El recurso añade que los pagos que hizo en negro fueron "sin el conocimiento y sin el consentimiento" del partido.

"Feijóo ha hecho su propia estructura paralela en Génova"

El escrito del PP también rechaza que exista asociación delictiva entre Bárcenas y Unifica que es quien comete el delito fiscal. Puede pensarse, subrayan que "se está dirigiendo un procedimiento para investigar una bastante exótica participación en el fraude tributario de terceros" porque "pretende afirmarse que existe nada menos que responsabilidad penal en concepto de participación de este acusado por el modo en que otro, Unifica, en un acto plenamente propio, interno y soberano, decidió realizar su declaración tributaria".

Por último, el PP apela al principio de que "cada palo aguante su vela", según escriben. El recurso dice que, de los 380.000 que la Audiencia Nacional sostiene que se defraudaron al fisco, hay que descontar los gastos que generaron las obras. De esta forma, concluyen, la cantidad defraudada no alcanzaría los 120.000 euros para que haya delito fiscal.

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