Alberto Casero reconoce irregularidades administrativas, pero niega el delito por sus adjudicaciones como alcalde de Trujillo

Madrid

El diputado del PP, Alberto Casero, ha declarado durante casi una hora y media ante el magistrado del Tribunal Supremo, Andrés Palomo, por la querella que interpuso la fiscalía por los presuntos delitos de malversación y prevaricación. El alto tribunal investiga cinco contratros adjudicados entre los años 2017 y 2018 cuando era alcalde de Trujillo. Los contratos no pasaron los filtros del interventor municipal que puso reparos al pago de las facturas y las empresas denunciaron al consistorio.

Fuentes jurídicas han señalado a la Cadena SER que el diputado que se equivocó en la votación de la reforma laboral ha reconocido irregularidades administrativas, pero ha negado el delito de prevaricación. Siempre según estas fuentes, Casero ha explicado que los controles municipales funcionaron correctamente, paralizaron los expedientes a tiempo y si las empresas cobraron fue porque acudieron a los tribunales que les acabaron dando la razón. A su salida, el diputado ha dicho que su interrogatorio ha servido para aclarar las dudas de juez y fiscal y que ahora es el momento de esperar a que el juez, Andrés Palomo se pronuncie

Entre los contratos investigados figura uno con la cámara de comercio de Perú, otro con la asociación cultural Bon Vivant para la feria Pop Eye, otro para la feria del queso e incluso también se investiga uno para la asistencia de víctimas de violencia de género.