El Congreso aprueba la nueva ley de Ciencia sin ningún voto en contra

Entre las novedades destaca la creación de un contrato indefinido para los científicos y técnicos y el compromiso de aumentar la inversión pública hasta alcanzar un 1,2% del PIB español en el 2030 y esto en la práctica casi duplican las ayudas públicas a los programas de investigación.

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología, rechazando casi todas las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición.

Esta nueva ley tiene tres grandes objetivos: eliminar los obstáculos que ahora dificultan la carrera investigadora en nuestro país, evitar la “fuga de cerebros” al extranjero por falta de dinero para los proyectos científicos y agilizar la transferencia del conocimiento para que redunde en beneficio de la sociedad.

Esta reforma de la ley de ciencia todavía tiene que ser aprobada por el Senado, pero, a su paso por el Congreso, Unidas Podemos ha incorporado una enmienda que permitirá reducir la temporalidad entre investigadores que trabajan en los grandes proyectos financiados con fondos europeos y que afecta ahora a casi la mitad de los científicos que trabajan en nuestro país.

Precariedad

Según datos del sindicato Comisiones Obreras, este cambio que ha sido aprobado en la Cámara Baja reducirá la temporalidad a menos de la mitad, ya que, por ejemplo en el CSIC (el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el mayor centro de investigación en España, con 13.500 trabajadores), se espera pasar del 45% de los contratos temporales al 24%.

“Tengo la certeza de que estamos ante la mejor ley de ciencia posible para un futuro realizable”, ha afirmado ante el Pleno del Congreso la propia ministra de ciencia, Diana Morant, segundos antes de la votación.

La Ley de Ciencia también recoge la indemnización por fin de contrato para los investigadores predoctorales, logrando equiparar los derechos de aquellos que cuentan con un contrato de investigación a los del resto de trabajadores, un reclamo histórico de estos colectivos.

"Lo que estaba ocurriendo en este país es que los investigadores en las primeras etapas de su carrera tenían menos derechos que un trabajador de cualquier otro ámbito, de la administración pública o de la empresa privada", ha destacado Javier Sánchez, portavoz de Unidas Podemos en la comisión de Ciencia.

Cambios

La nueva ley de ciencia también pretende reducir la elevada carga burocrática que tienen ahora que realizar los investigadores y reforzar la colaboración entre el sector público y el privado, porque las empresas españolas son las que menos invierten en investigación en la Unión Europea.

Para lograr esos objetivos, la ley incluye una nueva modalidad de contrato indefinido para personal de investigación, técnico y de gestión, y el compromiso de aumentar la financiación pública hasta poder alcanzar la media de la UE, que está en el 2,10% del PIB.

Sin embargo, varias sociedades científicas (la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios, la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer o la Fundación ECO para la Excelencia) han asegurado que ésta "no es la ley que España necesita" y han reclamado una revisión integral del texto o su retirada.