España propondrá un incremento de la oferta de gas para no tener que recortar el consumo

“España no apoya esta propuesta, que se plantea sin orientación previa, sin debate de orientación general en el Consejo Europeo incluso cuando las consecuencias económicas y de aspectos redistributivos es particularmente importante”, señalaba la vicepresidenta Tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, este miércoles, tras conocer la propuesta de la Comisión Europea para hacer frente a la escasez de gas o incluso un eventual corte de suministro por parte de Rusia. Una propuesta en que Bruselas reclama a los Estados miembro que reduzcan su consumo de gas un 15% desde el 1 de agosto y hasta el 31 de marzo del próximo año, en primera instancia de forma voluntaria pero que llegaría a convertirse en una obligación si el escenario empeora. El Ejecutivo rechaza esta propuesta porque consideran que se trata de una solución poco eficiente. Fuentes del ministerio de Transición Ecológica señalan que, debido a la celeridad con la que se han de tomar decisiones la Comisión Europea propone un “café para todos” como propuesta más rápida y más sencilla, pero consideran que no es la más adecuada. Por eso el próximo martes, en la reunión del Consejo Europeo de Energía, apuntan estas mismas fuentes, la propuesta que la vicepresidenta tercera llevará será que España incremente su oferta de gas en lugar de reducir su demanda. El sistema gasista español asegura el suministro para el territorio nacional pero, además, está capacitado para exportar hasta 5.600 millones de metros cúbicos (bcms) de gas en los próximos ocho meses –de los 45 bcms que Europa estima que dejará de importar de Rusia-. Una exportación que se podría llevar a cabo si los dos gasoductos que atraviesan los Pirineos funcionaran a plena capacidad –como han hecho algunos días de las últimas semanas, reconocen estas fuentes- pero que supone más que triplicar las exportaciones que, de media, se han producido en los últimos cinco años, que es el período que la Comisión toma como referencia para calcular el 15% de la reducción de la demanda de gas que plantea. A este incremento de las exportaciones se sumaría la capacidad logística de la red gasista española, que cuenta actualmente con seis regasificadoras, y que el Gobierno también quiere poner a disposición de sus socios europeos -para aquellos países que tengan capacidad de absorción de gas natural licuado (GNL). Se trata de una vía por la que ya se está haciendo llegar gas a Italia –a través de un ‘gasoducto virtual’- mediante buques metaneros, y cuya capacidad se incrementará a partir de comienzos del próximo año, con la apertura de la planta de El Musel (Gijón), con una capacidad de hasta 8 bcms, que permitiría enviar gas natural licuado al norte y oeste de Europa. Estos mecanismos, explican estas fuentes, serían mucho más eficaces para hacer frente a una crisis de abastecimiento de gas que el hecho de que un país como España -en que las importaciones de gas ruso se limitan al 10%- reduzca un 15% su demanda porque esa merma del consumo no revertiría positivamente en el resto de los países de la Unión. Algo que, sin embargo, no significa que España no vaya a poner en marcha planes de eficiencia energética para tratar de reducir el consumo lo máximo posible. El Ejecutivo español votará en contra de la propuesta planteada por la Comisión Europea, pero no será el único: Portugal –cuya reducción del consumo de gas tampoco revertiría en una mayor oferta disponible para el resto de los Estados miembros- y Grecia, tampoco estarían actualmente en disposición de apoyar el planteamiento que propone Bruselas, según apuntan estas fuentes, que también señalan que tanto en Francia, como en Italia, Hungría y Polonia hay cierto malestar, tanto por las medidas concretas como por la ausencia de un debate previo. Tanto es así, que este viernes por la tarde el gobierno español ha enviado por carta a la Comisión Europea su rechazo al plan de reducir el consumo de gas, una misiva que también han lanzado países como Portugal, Grecia o Italia, por lo que poco a poco se a formando ese frente común de los países del sur. Para que la propuesta saliera aprobada en la reunión del próximo martes sería necesaria una mayoría reforzada: tendrían que apoyarla 15 de los 27 Estados miembro que contasen además con un 65% de la población del conjunto de la Unión. Para bloquearla, sería suficiente con que cuatro de los Estados –que representen un 35% de la población total- votasen en contra. Sin embargo, la intención del Ejecutivo es que se pueda llegar a un consenso, señalan desde el ministerio de Transición Ecológica y, si la propuesta saliera finalmente aprobada, España, como parte que es de la Unión, defienden, acataría la voluntad de la mayoría.