El PP en España, no, pero en Europa, sí: diferencias y similitudes entre el plan energético del Gobierno y el de la UE

Madrid

La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta legislativa en la que propone limitar los ingresos de las compañías eléctricas, estableciendo un tope en el mercado eléctrico de entre 180 y 200 euros el megavatio/hora para la generación de origen renovable, nuclear y con lignito.

Así, desde Bruselas han anunciado la creación de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de compañías de combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón y sector de la refinería), que también están agrandando sus ganancias gracias a los elevados precios del gas. En este sentido, el organismo calcula que se van a recaudar 140.000 millones de euros al establecer estos límites a los beneficios de las compañías y aboga por una reforma profunda del mercado eléctrico.

Esta medida, impulsada por el Partido Popular europeo, grupo al que pertenece Von der Leyen, llega apenas 24 horas después de que el PP español votase en contra del plan de ahorro energético promovido por el Gobierno, el cual cuenta con medidas muy similares. Cuca Gamarra, secretaria general, ha justificado la diferencia de posturas indicando que la tasa de Europa a las energéticas busca "rebajar la factura" a los consumidores, mientras que el plan del Ejecutivo nacional busca a su juicio "aumentar la recaudación".

Numerosas similitudes

La primera semejanza que se desprende de los dos planes propuestos en Bruselas y en Madrid es el de la recaudación. La UE plantea una recaudación más agresiva que la propuesta por Pedro Sánchez, ya que el Ejecutivo comunitario asegura que recaudará un 5% de los beneficios, mientras que la estimación que hacía el Ministerio de Hacienda español era de un 4,8% máximo.

Por otro lado, ambos planes están en la misma línea en relación al perímetro de alcance de esta norma, es decir, no solo va destinado a las compañías eléctricas, sino que también se incluyen a las petroleras, a pesar de las enormes quejas emitidas por los dirigentes de estas empresas en España.

Además, otra de las similitudes que se aprecian entre ambas medidas es la urgencia de las mismas. Mientras que desde Moncloa pretenden que entre en vigor para comienzos de 2023, la Unión Europea lo va a tramitar tan urgentemente que pretende ratificarlo para el 30 de septiembre.

En adición, desde la Unión Europea dan la razón al Gobierno español, ya que asegura que sí que existen los llamados beneficios caídos del cielo, un aspecto que negaban desde el sector privado. Bruselas indica que las eléctricas y demás energéticas sí están obteniendo un dinero extra que no se debe a decisiones empresariales sino al contexto económico actual tras la "guerra ilegal de Ucrania".

Dos únicas diferencias

La gran diferencia, que puede terminar siendo importante, es qué gravan los distintos Ejecutivos. El comunitario tiene planeado gravar los beneficios de las eléctricas, es decir, exactamente lo que declaran como beneficios. Sin embargo, el Gobierno de España desconfía de que estas compañías declaren todas sus ganancias, por lo que opta por gravar las ventas, para evitar que las empresas puedan provisionar, o lo que es lo mismo, hacer sus cuentas anunciando que van a tener pérdidas, aunque estas luego no terminen por producirse.

En términos del balance de cuentas, en España el dato sobre el que se calcula la tasa es el primero que figura, el de las ventas, mientras que en Bruselas es el último, el de los beneficios. Esta diferencia, que puede parecer menor y técnica, puede obtener cierta relevancia ya que desde las petroleras y gasísticas han traslado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que esto puede ser ilegal, ya que no se puede gravar sobre las ventas sino solo sobre los beneficios. Este aspecto está todavía por concretar y lo estudian los equipos legales de gobierno y empresas.

Además, la otra diferencia es en qué se gasta el dinero. La Comisión Europea va a destinar los 140.000 millones que tiene previsto recuadar a un fondo finalista, es decir, exclusivamente al subsidio de familias y comercios. Por su parte, el Gobierno de España no marca un aspecto concreto a donde irá destinado ese dinero, sino que se trasladará a los Presupuestos Generales del Estado, pudiendo elegir en qué partida asignarlo.