La Justicia rechaza la petición de Rajoy de paralizar su citación como investigado en Andorra por la operación Cataluña
El TSJM descarta por “genéricos e inconsistentes” los argumentos del expresidente del Gobierno para suspender de forma cautelar la comisión rogatoria expedida por Andorra para citarle como investigado por la quiebra de la BPA. La justicia aún debe pronunciarse sobre el fondo del asunto
Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, participa en el cierre del foro 'Otro Cambio Climático' en Buenos Aires (Argentina). / Juan Ignacio Roncoroni (EFE)
Madrid
La sección sexta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la medida cautelar impuesta el pasado 20 de octubre para que no se diera traslado a Andorra de la comisión rogatoria solicitada por el Principado, para tomar declaración como investigado al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la causa abierta por las supuestas presiones y amenazas que condujeron a la quiebra de la Banca Privada de Andorra (BPA), por las supuestas inversiones de la familia del expresident catalán, Jordi Pujol, en la entidad.
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Cuarto recurso de Rajoy rechazado
Era el cuarto recurso de Rajoy, quien apeló primero a la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional, al juzgado 32 de Madrid, a la Audiencia Provincial y ahora al TSJM, y todos han rechazado su solicitud.
En esta última resolución de 13 páginas a la que ha accedido la SER, la sección sexta de la sala de lo contencioso-administrativo afirma que Rajoy se ha limitado a aducir “invocaciones genéricas e inconsistentes” por lo que rechaza suspender cautelarmente la comisión rogatoria, lo que implica su traslado a las autoridades judiciales andorranas para que pueda continuar el procedimiento en ese país y citen al expresidente español. Sin embargo, el tribunal madrileño avanza que aún debe decidir sobre el fondo del asunto ya que Rajoy ha alegado que gozaba de inmunidad diplomática en el momento en el que acontecieron los hechos y que por tanto las autoridades españolas deben protegerle ante una petición de investigación extranjera.
Rajoy alega temor a que el caso se utilice con fines políticos
Es solo uno de los argumentos de Rajoy. El expresidente incide en el “grave daño reputacional” que le ocasionaría ser citado como imputado en el proceso. Un “daño a la imagen pública del actor” muy difícil de reparar, aduce, porque “por mucho que se realice una compensación, un cambio de opinión en la ciudadanía es prácticamente imposible”.
Mariano Rajoy advierte además en su escrito que “si se tiene en cuenta la situación política actual, podría ocurrir que los miembros de otras formaciones políticas utilizasen este caso para obtener rédito político, por lo que se amplificaría de manera artificial la repercusión del asunto”. Un “asunto” que para Rajoy tiene “claros tintes políticos” y que “no se basa en ningún argumento fáctico de peso”.
La policía política disponía de información del Ejecutivo
El sumario de la causa que se sigue en Andorra contra el expresidente Mariano Rajoy y varios ministros, imputados por las presuntas presiones ilícitas y el chantaje para la intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA) y su filial en España, el Banco de Madrid, con el supuesto objetivo de obtener las cuentas de los líderes independentistas, desvela la existencia de indicios sólidos de la participación de altas instituciones del Estado español en el operativo. La unidad de la policía política al servicio del Gobierno de Rajoy conocía decisiones como las intervenciones de los bancos o ventas a empresas específicas, meses antes de que fueran adoptadas por la cúpula del Ejecutivo, única autoridad que podía llevarlas a cabo.
Un representante de la embajada española en Andorra, Celestino Barroso, advirtió a la BPA de que el Banco de España daría el "hachazo" y la intervendría, y que sus restos serían vendidos a Estados Unidos, nueve meses antes de que finalmente sucediera. Los representantes del "Estado español" ofrecieron paralizar el operativo si facilitaban datos de Artur Mas, Oriol Junqueras y Jordi Pujol.
La investigación a Rajoy en Andorra apunta a la intervención de altas instituciones españolas en un operativo de chantaje y extorsión contra el independentismo
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