¿Por qué se están reduciendo penas tras la ley del 'solo sí es sí'? "En los próximos días vamos a presenciar nuevas rebajas"

La ley de solo sí es sí, que entró en vigor el pasado 7 de octubre, está en el ojo del huracán. Este martes se han conocido al menos tres sentencias, las tres pertenecen a la Audiencia Provincial de Madrid, que bajan las penas de varios condenados por abuso sexual. Un delito que desapareció con la entrada en vigor de la norma, propuesta estrella del Ministerio de Igualdad, y que equipara el abuso al de agresión sexual o violación si hay penetración, que contemplan penas más elevadas. La ley rebaja la pena mínima. La horquilla por violación es ahora de 4 a 12 años de cárcel, antes era de 6 a 12. Si la víctima es menor ahora es de 6 a 12 años, antes era de 8 a 12. Ante esta grieta de revisiones, la Fiscalía General del Estado prepara una circular para unificar criterios, aunque fuentes del organismo aseguran que su publicación no será inmediata.

En una de las sentencias, a cuyo auto ha tenido acceso la Cadena SER, los jueces rebajan la pena de más seis años de cárcel a poco más de un año a un hombre que abusó sexualmente de tres menores. Los magistrados rebajan cinco años la condena porque, según el texto, acuerdan dejar sin efecto el abuso sexual continuado al no ser constitutivo de delito con la nueva normativa. En otro auto se reduce sin oposición de la Fiscalía la pena de ocho a seis años de prisión a un hombre que abusó de su hijastra de 13 años. La justificación que dan los jueces es que se aplica la prevalencia legal de que la nueva ley es más favorable al reo. Y tercer auto rebaja de seis a cuatro años de prisión a un condenado por agresión sexual por el mismo motivo, porque, según el artículo 2.2 del Código Penal, la revisión beneficia el reo.

En Hora 25, el magistrado penal Joaquim Bosch ha explicado por qué se han producido esta rebaja en las penas de condenados por abuso sexual. Sobre si la ley se podría haber redactado de otra manera para evitar ese problema, dice Bosch que "la ley se podría haber redactado de muchas formas", pero que su impresión es que "los impulsores de la nueva legislación pensaban esto no podía pasar porque apostaban por una interpretación del Código Penal, en su redacción tiene una disposición transitoria, que evitaba que pudieran producirse este tipo de revisiones, pero como el tema es muy controvertido jurídicamente hoy en día los informes judiciales están exponiendo todo tipo de opiniones. Unos que consideran que las revisiones son obligatorias y otros que consideran lo contrario". Esto, a su juicio, demuestra que la norma era "controvertida" jurídicamente.

Sobre si nadie en el ministerio contempló el peor escenario cuando se redactó la ley, afirma Bosch que "se optó por la interpretación de la disposición transitoria que aprobó el Código Penal a pesar de que es cierto que ya había juristas que consideraban que era aplicable automáticamente la norma en abstracto más favorable que llevaba a las posibles revisiones. Tengo pocas dudas que en los próximos días vamos a acudir a nuevas rebajas". No son tres casos aislados, apunta el magistrado porque "hay bastantes magistrados" que creen que "debe aplicarse la reforma, aunque hay otras posiciones que piensan lo contrario".

Bosch propone dos posibles soluciones para atajar el problema: "La Fiscalía General del Estado, que no está informando en todos los ámbitos del mismo modo. Hace falta una instrucción que unifique el criterio. Y, sobre todo, lo más importante es que espero que el Tribunal Supremo, en los próximos meses, unifique la doctrina sobre esta cuestión y dé una visión jurídica única". Mientras que eso llega, puede haber más rebajas de penas: "Lo estamos viendo ya". Aunque matiza el magistrado que cada caso es diferente. "No es lo mismo el caso del profesor, que es un caso de un delito de la libertad sexual de adolescentes entre 16 y 18 años, que la nueva reforma trata esto de forma distinta, que el caso del padre que habría agredido a la hijastra a través de una agresión sexual. Cada caso es distinto, pero sí que es cierto que hay una interpretación posible de la reforma que lleva a estas rebajas de pena y algunas puestas en libertad".

Con respecto a las declaraciones de la Delegada del Gobierno contra la Violencia Machista, Victoria Rosell, que ha calificado de "machista" a la Justicia, Bosch matiza: "El tema no es tan sencillo como descalificar a la adjudicatura con que esto es una interpretación machista. Yo creo que el tema es discutible jurídicamente. Sin duda nuestra adjudicatura debe hacer autocrítica en muchas cosas. Creo que hace falta incorporar más perspectiva de género. Tenemos precedentes de resoluciones judiciales que han perjudicado a las víctimas, pero creo que en este caso hay más una cuestión de interpretación jurídica de cuál es la norma más favorable", ha concluido el magistrado.

El Ministerio de Justicia ya estudia las polémicas sentencias afectadas por esta ley. Fuentes del departamento que dirige Pilar Llop piden prudencia antes de tomar decisiones. El ministerio no se pronuncia oficialmente sobre los agujeros negros de la ley de Irene Montero, ni sobre los posibles efectos que pueda tener en la revisión de condenas ya firmes, a la espera de los siguientes pasos que den jueces y fiscales. Las mismas fuentes insisten en que la intención es estar siempre del lado de las víctimas.

Reacciones encontradas dentro del Gobierno

Desde el ala socialista del Gobierno ya se abren a estudiar posibles modificaciones en la ley porque "no era el objetivo" de la misma que provocara una rebaja de las penas. "Después de alguna sentencia, que al parecer se han dictado al amparo de la ley, creo que se requiere estudiar esta cuestión, estudiar la sentencia con detenimiento y estudiar al texto legal porque evidentemente no era el objetivo de la ley que se pudieran rebajar las penas con motivo de abuso a menores, todo lo contrario", ha asegurado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Por su parte, desde Unidas Podemos defienden la utilidad de la ley y achacan a otros motivos la rebaja de las condenas. "Es un problema de interpretación voluntarista judicial en contra de los avances del feminismo. El problema no es la ley, siempre hay un margen de aplicación de la ley", ha defendido la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

Para Rosell, la ley es "magnífica" e incide en que la cuestión se debe focalizar no en la ley, sino en la formación que tienen los jueces para aplicar la ley completa, "tal como es, no de una manera tan reaccionaria y sorprendente". "La Justicia machista crea impunidad", ha remarcado. También apoya esta explicación la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam: "Hay una serie de jueces que interpretan voluntaristamente este caso, que habla de los prejuicios machistas de los jueces", ha dicho al ser preguntada en una entrevista en espacio La buena turra, emitido en Twitch. La ministra de Igualdad, Irene Montero, de momento no ha hecho declaraciones.

Un informe en contra del CGPJ

En febrero de 2021, el pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad un informe en el que se criticaban algunos puntos claves de la ley del solo sí es sí. El informe, muy crítico, hacía hincapié en uno de los aspectos que ahora ha provocado el conflicto con la rebaja de las penas, el de la unificación del abuso y agresión sexual en un único delito de violación y alertó también de las consecuencias de la definición de consentimiento que propone la reforma.

Sobre la unificación de los delitos, el Consejo temía que, por un lado, esto pudiera desproteger a las víctimas: "Para el autor del delito no tendrá mayores consecuencias emplear un medio comisivo más lesivo que otro de intensidad menor". Por eso proponían que se introdujera una modalidad agravada si se usa violencia o amenazas. Al mismo tiempo, explicaba el informe, "se incurre en el riesgo de castigar con gran severidad conductas que presentan un menor grado de lesividad", por lo que recomiendan un delito autónomo para casos de "menor entidad".

También el Consejo Fiscal hizo advertencias sobre este asunto y, desde el principio, las mujeres juristas de Themis discreparon de estas reducciones. "Desde Themis y en todas las fases de tramitación de la ley de libertad sexual advertimos de la rebaja de las penas básicas de violación a menores de 16 años y a mayores", recuerda la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángeles Jaime de Pablo.