Cada vez más caseros intentan saltarse la ley que limita al 2% la subida de los alquileres

Madrid

Las subidas en las actualizaciones de las rentas de los alquileres de viviendas seguirán limitadas al 2% durante todo el año 2023, tras el acuerdo alcanzado la semana pasada por el Gobierno y EH Bildu a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. La limitación, aprobada por el Ejecutivo para responder a la inflación y la crisis derivada de la guerra en Ucrania, sirve para aliviar parcialmente la situación de los inquilinos. Pero también aprieta a los propietarios, que, cada vez más, buscan fórmulas para intentar sortear la ley y poder obtener unas rentas con las que enfrentarse mejor a una subida de precios que también les afecta a ellos.

Hasta la entrada en vigor de la medida, el pasado 31 de marzo, en las revisiones anuales los alquileres no podían subir por encima del último dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado en la fecha de la actualización del contrato. Desde hace nueve meses, el tope de la subida lo marca el Índice de Garantía de la Competitividad (IGC). La normativa de este índice establece que, independientemente de cuál sea su variación, su bajada no podrá ser inferior al 0% y su incremento no podrá superar el objetivo a medio plazo de inflación del Banco Central Europeo, es decir: el 2%. Con este cambio se pretenden evitar subidas disparadas de los alquileres como las del IPC, que han llegado a superar el 10% en junio, julio y agosto. Pero no todos los caseros hacen bien los cálculos.

Clara tiene 31 años y vive con tres compañeras en un piso en Madrid, en el distrito de Arganzuela. En agosto, cuando correspondía la actualización de la renta, el portero del edificio les entregó una carta de su casero: una empresa propietaria de las 42 viviendas del bloque, además de otros dos edificios y plazas de garaje en Madrid. En ella les comunicaba una subida del alquiler del 4,76% alegando que esa había sido la variación del IGC en junio (último dato del que se disponía). La carta venía acompañada por una hoja impresa de la página web del Instituto Nacional de Estadística con la cifra.

“Cuando yo me metí en la web del INE para comprobar el valor del índice, en la propia página, al lado de ese 4,76%, te pone una nota que informa de que este índice por ley está topado por arriba al 2% y por abajo al 0%. Y a la propiedad, por lo que sea, se le olvida imprimirla”, cuenta Clara a la Cadena SER. Después de poner en común sus casos, varias vecinas escribieron individualmente a la empresa propietaria para que revisara sus actualizaciones. Al no conseguirlo, se pusieron en contacto con el Sindicato de Inquilinas.

Aumentan los casos

“Desde marzo empezaron a llegar casos de abusos de caseros que solicitaban a sus inquilinos una actualización de la renta por encima del 2%, pero sobre todo en estos últimos meses, en los que además del IPC disparado, el IGC también está en unos valores por encima del 2%, han aumentado bastante estas solicitudes”, comenta Carlos Castillo, abogado del sindicato. Según explica, entre quienes intentan sortear la ley, esta estrategia “más complicada” la utilizan los grandes propietarios con muchos inmuebles en alquiler, como los fondos de inversión. Otros, los pequeños, comunican subidas vinculadas al IPC, como si no hubiera cambiado la normativa. En estos casos, dice Castillo, lo normal es que el casero acepte el límite del 2% cuando el inquilino se lo reclama.

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La subida de los precios vacía la hucha de los españoles

Una tercera vía para intentar obtener una renta superior a lo permitido es la de reclamar la vivienda para su uso o el de un familiar. Es la única excepción que contempla la Ley de Arrendamientos Urbanos para que un propietario pueda rescindir un contrato de alquiler en vigor, pero también se está utilizando esta fórmula con el objetivo de poner después la vivienda en el mercado con un alquiler más alto. En estos casos, Castillo recomienda al inquilino o bien "hacer posición de fuerza" y quedarse en la vivienda o, si acepta la salida, "que haga un seguimiento de la casa, porque muchos de los casos lo que vemos es que al día siguiente del desahucio la vivienda está en Airbnb o Idealista. En ese caso, que tome prueba de ello y lo denuncie ante la autoridad judicial porque se ha llevado a cabo un fraude de ley".

Estanislao Moreno, abogado y socio del despacho Vecindia, afirma que estas "resoluciones anticipadas" se ejecutan ahora “mucho más” que antes. Por un lado, porque hay propietarios que viven en una casa de alquiler y tienen a su vez arrendada una vivienda de su propiedad, y deciden volver a ella porque no les compensa tenerla alquilada. Y por otro, porque “es una argucia, o una excusa, que están utilizando algunos propietarios para recuperar la posesión” de la vivienda y alquilarla a un precio más alto. Según explica, "cuando el propietario se pone en contacto con los inquilinos, muchas veces es muy agresivo e intenta imponerle circunstancias completamente distintas a lo pactado".

Propietarios "descompensados"

En su opinión, la limitación de las subidas del alquiler “distorsiona” el mercado inmobiliario porque los propietarios no pueden subir el precio por encima del 2%, pero tienen que hacer frente a subidas superiores en el coste de la luz, el gas, las comunidades propietarios o los gastos vinculados a la vivienda. “Se ven descompensados. ¿Ello qué implica? Que se intentan buscar diferentes argucias para conseguir el pretendido IPC”, señala Moreno.

Ocho de cada diez alimentos se han encarecido más de un 10% en el último año

La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler considera que la prórroga del límite en las actualizaciones de los alquileres “sitúa al mercado en una situación crítica, que desincentiva la inversión en alquiler, y que desviará la oferta al sector de la venta, agravando el problema del acceso a la vivienda, más aún en un contexto de endurecimiento de los tipos hipotecarios”. En un comunicado, ASVAL asegura que el 75% de los propietarios son particulares con una o dos viviendas y critica que no se les ofrezca ninguna compensación.

En el edificio de Clara hay vecinas, como ella, que no se han dado por notificadas de la subida, porque no se les comunicó como establece la ley, y siguen pagando lo mismo por el alquiler. Otras han hecho sus cálculos y han empezado a pagar su renta más un 2%. En total, una docena de inquilinos, casi un tercio de todo el bloque, volvió a reclamar por escrito a la propiedad que actualizara sus alquileres conforme a la normativa, esta vez a través del Sindicato.

En su carta de respuesta, la empresa sigue defendiendo su interpretación de la ley. El texto termina con una crítica a “la política intervencionista” del Gobierno: “El incremento de los costes directos y de financiación es salvaje y si no hay una contrapartida vía ingresos hace cualquier actividad inviable”. Y concluye con lo que las inquilinas consideran una advertencia hacia ellas:

“Ya son muchos los propietarios que han vendido y otros han pasado a fórmulas más equilibradas como el arrendamiento por temporada, arrendamiento turístico o arrendamiento a empresas para sus trabajadores.

Aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente”.