El Gobierno aprueba la ley de Trata sin una de las prioridades que pedía Igualdad: "Este texto sufrirá ajustes"
Unidas Podemos exige mayores garantías para que las víctimas inmigrantes sin papeles tengan derecho al permiso de residencia y que no se vincule a su colaboración con la investigación policial. La ministra de Justicia, Pilar Llop, se abre a cambios en la ley
Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado en primera lectura la Ley de Trata para avanzar en la lucha contra el tráfico de seres humanos. Se trata del texto impulsado por el Ministerio de Justicia que lucha contra la trata de personas con cualquier fin, y dentro del texto se ha integrado el promovido por el Ministerio de Igualdad, dirigido a luchar, en concreto, contra la trata con fines de explotación sexual. En este sentido, los ministros han destacado el "importante" esfuerzo de coordinación realizado por este departamento, en un texto que, "bajo su liderazgo", ha sido copropuesto junto a Igualdad, Interior e Inclusión, y ha recibido aportaciones y observaciones de otros nueve ministerios (Economía, Hacienda, Agricultura, Política Territorial, Universidades, Educación, Sanidad, Derechos Sociales, Trabajo).
Pilar Llop: "Estamos ante un antes y un después"
"La trata es un ámbito muy complejo y es vital que nos centremos en las víctimas. Y que quienes se vean en este círculo puedan escapar y evitar la impunidad. Es un texto fruto del consenso interministerial y que acaba con la dispersión normativa. Han participado los ministerios de Igualdad, Inclusión, Interior y el de Justicia y ha recibido aportaciones de otros nueve ministerios", ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pilar Llop.
El relato de una víctima de trata: "Me dijeron que iba a ser empleada del hogar y acabé prostituida"
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Se crea el mecanismo nacional de derivación de las presuntas víctimas de trata que centrará todos los datos. Además, se reconocen todas las formas de trata como matrimonios forzosos o tráfico de órganos. También se reconoce el derecho a la intimidad. No se vincula al hecho de la denuncia. La norma contempla una dimensión específica para los menores con asistencia especializada. La nueva ley crea una relatoría sobre la trata y explotación que dependerá del ministerio.
"Aspiramos a combatir eficazmente la trata poniendo en el centro a las víctimas y abordando la sensibilización. Estamos ante un antes y un después", ha afirmado la ministra". La norma finalmente no fue al Consejo de Ministros del 15 de noviembre, del que estaba ausente la ministra de Justicia, Pilar Llop, por Covid-19. Tampoco se aprobó en el del pasado 22 de noviembre, aunque la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, restó importancia a este supuesto retraso y negó que se debiera a discrepancias sobre el contenido de la norma. Asimismo, insistió en que se trata de una ley, que "lleva años de retraso" y que es de "todo el Gobierno".
El punto de la discordia
Unidas Podemos exigía mayores garantías para que las víctimas inmigrantes sin papeles tengan derecho al permiso de residencia y que no se vincule a su colaboración con la investigación policial y ese ha sido el punto discordante entre los socios de Gobierno que ha hecho que se retrase la aprobación de la ley. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha explicado que se ha seguido "lo que dice el artículo 14 del Convenio de Varsovia" que especifica que las víctimas de trata, una vez que sean identificadas, tendrán derecho a residencia teniendo en cuenta su situación personal y su colaboración en el proceso penal: "Si es necesaria su declaración a lo largo del procedimiento, se le dará el permiso de residencia", ha concretado.
En cualquier caso, la ministra ha querido dejar claro que siguen "trabajando", que "esto es una primera vuelta" y que van a "hacer todo lo posible para mejorar los derechos de las personas" por lo que se abre a cambios en la ley: "Este texto sufrirá ajustes", ha anunciado.
Félix Bolaños confirma los nuevos magistrados para el Constitucional
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado que el Consejo de Ministros ha nombrado este martes a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y a Laura Díez, exdirectora general en Moncloa, para el Tribunal Constitucional. "El Gobierno está obligado a cumplir con la Constitución. Nos hubiese gustado que hubiera coincidido con la renovación de los magistrados conservadores. Lo podrían hacer esta misma tarde si quisieran", ha dicho.
Bolaños ha dicho que desde el Gobierno han actuado con "prudencia", pero que ya "han pasado demasiados meses". El ministro ha defendido que los dos candidatos realizarán "con rigor y respeto" su labor. El Gobierno remitirá ahora este acuerdo al Tribunal Constitucional para que este verifique que estos candidatos cumplen con los requisitos de idoneidad.
"España lidera la reducción del IPC en Europa"
El Gobierno se ha felicitado por la moderación del dato del IPC que se ha conocido esta mañana. La inflación se sitúa ahora en el 6,8% interanual. "El IPC se ha reducido cuatro puntos en cuatro meses coincidiendo con las medidas del Gobierno. La tendencia hacia la moderación demuestran que las medidas del Gobierno funcionan. España lidera la reducción del IPC en Europa", ha dicho la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
