La semana en la que se dinamitó todo: de la enmienda del Gobierno, al recurso del PP y la controvertida actuación del TC

Semana de alta tensión en el panorama político nacional. Con las elecciones municipales y las autonómicas a la vuelta de la esquina, los principales partidos del arco parlamentario, el PSOE y el PP, están fijando sus posiciones en temas clave, como las renovaciones en los órganos judiciales, y las chispas saltan entre ambos. Lejos queda ya ese acercamiento que hubo hace semanas que parecía que, después de cuatro años, desbloquearía los nuevos nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ahora, el distanciamiento es más que evidente. El último escollo se ha visibilizado en estos días, primero, con la incorporación del PSOE de una enmienda para cambiar las mayorías para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional; segundo, con el recurso del PP a esa intención; y tercero, con la controvertida rapidez con la que el TC aceleró los procedimientos para resolver sobre un asunto que le afecta directamente y que influiría, por primera vez, en el poder legislativo antes siquiera de que la norma haya sido aprobada. Las aguas ya están caldeadas a costa de la supresión del delito de sedición y la reforma del de malversación que el Gobierno negoció con Esquerra Republicana. Estas propuestas, de hecho, son las que paralizaron, de momento y sin retorno, las negociaciones para renovar el CGPJ. Sin embargo, lo que ha generado más polémica —aún más si cabe— ha sido la enmienda que a finales de la pasada semana el Gobierno anunciaba como única vía para desbloquear los nombramientos de los dos nuevos magistrados al TC, que llevan con el mandato caducado medio año. El Ejecutivo se cansó de esperar a que el Poder Judicial propusiera a sus dos candidatos al tribunal de garantías, como le corresponde. Llegar a un acuerdo es imprescindible porque, según la ley actual, es necesario contar con tres quintos de los votos para aprobar los nombramientos. Ante esta imposibilidad, el Gobierno introdujo, aprovechando la proposición para reformar el delito de sedición que se votaba este jueves en el Congreso, una enmienda para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y que cambia las mayorías para que el CGPJ elija a sus dos miembros —el Ejecutivo ya ha propuesto a sus candidatos, el exministro de Justicia Juan Carlos Campos y Laura Díez, antigua asesora de Moncloa—. El portavoz del PSOE, Patxi López, justificaba la enmienda ante la necesidad de «acabar con el secuestro del PP» a este órgano. «El legislativo legisla», insistió el socialista. De frente contra esta medida se encontraron al PP. No tardaron los populares, capitaneados por Alberto Núñez Feijóo, en buscar medios para sortear que el cambio se materializara. Y lo intentaron parar vía recurso de amparo, presentándolo este miércoles en el órgano para el que la reforma está pensada: en el Tribunal Constitucional. La portavoz del partido en el Congreso, Cuca Gamarra, calificó como un «atropello» la enmienda vía proposición de ley y avisó a Sánchez, al que tildó de «autoritario»: «Acudiremos al TC tantas veces sean necesarias para frenar esta deriva. También a los organismos y a las instituciones europeas para derogar todos y cada uno de estos ataques al orden constitucional». Los populares pedían la medida cautelar de suspensión de la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley. Una petición muy extraordinaria que desde el PP justificaban alegando que se ha vulnerado un derecho fundamental al tramitar enmiendas dentro de la reforma del Código Penal cuando se tratan de cuestiones que no tienen nada que ver entre sí. Sin tiempo que perder, pensaron en el TC, que tramitaron de manera urgente y excepcional el recurso del PP con la intención de aprobarlo en 24 horas. Algo que saltó todas las alarmas en el lado del Gobierno porque nunca en democracia se había suspendido la tramitación de una ley en el Congreso por una sentencia del Constitucional, lo que supondría una interferencia directa del poder judicial sobre el legislativo —el tribunal puede decidir sobre la constitucionalidad de leyes ya aprobadas y la propuesta no había superado ni el primer paso parlamentario—. Esta celeridad no es la habitual, pues los recursos pueden tardar meses en tramitarse. En este caso, con un día parecía bastar. El pleno de urgencia de este órgano judicial estaba previsto para el jueves por la mañana, con la sesión parlamentaria ya en marcha. Desde la Cámara Baja, los diputados no quitaban el ojo de lo que sucediera en esa cita tan transcendental. Pocas horas después llegó la resolución que calmó a medias al arco parlamentario de izquierdas y produjo desasosiego en el lado contrario. El pleno del TC quedaba suspendido hasta el próximo lunes porque los magistrados del bloque progresista pidieron más tiempo para analizar la petición. Sin respuesta judicial, el Congreso podía seguir adelante con el orden del día. La tensión se palpaba en el interior del Palacio de las Cortes. La derecha política, PP, Ciudadanos y Vox, intentaron a toda costa paralizar el pleno, evitar la votación, que se suspendiera la sesión. Pero la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, se opuso en todo momento, la última vez justo antes de la votación definitiva de la reforma del Código Penal que mandaría la propuesta al Senado para continuar con su tramitación: «El Congreso de los Diputados no ha recibido una comunicación del órgano que tendría que hacerlo, el Tribunal Constitucional». No lo consiguieron frenar y, por eso, tanto PP como Ciudadanos decidieron no votar. Cuca Gamarra ponía voz a su decisión en un minuto concedido por Batet: «Dejar constancia que este grupo parlamentario no ha votado porque esta votación no debería haber tenido lugar en los términos que se han producido porque no debieran de haberse incorporado dos enmiendas o en su caso debiera haberse esperado a la resolución que está pendiente del Constitucional. Como no somos partidarios de abandonar las instituciones es por lo que nos hemos quedado a la votación, pero en un momento tan crítico evidentemente no vamos a votar». A pesar de todo, la reforma salió adelante con 184 votos a favor, 64 en contra y una abstención. Nadie celebró, ni aplaudió el sí. Todavía no había nada sobreseguro. Pedro Sánchez fue el gran ausente de la jornada. Participaba en el último Consejo Europeo, pero no quiso dejar de comentar la noticia del día. «Hoy la derecha y la ultraderecha han tratado de amordazar al Parlamento», aseguró en una rueda de prensa. Lo que el presidente espera ahora del Constitucional es que «impere el sentido común y la Constitución» y añadió que: «Desde luego lo que le puedo garantizar es que estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha, no solo de la derecha política, sino también de la judicial, jaleada por la derecha mediática y es inaceptable». La cuenta atrás para el lunes se aproxima. Todo sigue en el aire. De momento el PP no ceja en su empeño de acabar con la propuesta. Su último movimiento ha sido este mismo viernes, pidiendo a la Mesa del Senado suspender la tramitación. Sostienen que hay «un evidente fraude de ley». Ya solo quedan tres días para conocer el siguiente paso del Constitucional.

La semana en la que se dinamitó todo: de la enmienda del Gobierno, al recurso del PP y la controvertida actuación del TC

Los populares se resisten a aceptar que la medida impulsada por el Ejecutivo pueda salir adelante y cambiar las mayorías de elección de los magistrados del Constitucional

Minerva Marcos López

Webs de PRISA