Pedro Sánchez llama a la serenidad tras el freno del Constitucional a la reforma judicial y avanza que adoptará las medidas necesarias para el desbloqueo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho una llamada a la serenidad en su valoración de la decisión adoptada por el Pleno del Tribunal Constitucional de paralizar el procedimiento legislativo emprendido por PSOE y Unidad Podemos para cambiar vía enmienda a una proposición de ley el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial y de magistrados del propio Constitucional. «Comprendo la preocupación de la ciudadanía que ve un choque inédito. Quiero trasladar un mensaje de serenidad. Tenemos mecanismos para superarlo», ha afirmado. «Es una situación inédita en nuestra democracia. Un bloqueo cuyo propósito es mantener una situación anterior más favorable a su orientación. Se ha mantenido el bloqueo durante cuatro años. El PP ha arrojado distintas excusas para retener por métodos espúreos lo que los ciudadanos no han validado en la urnas. Se impide la voluntad popular», ha dicho Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha destacado que son «hechos sin precedentes en la democracia» y ha insistido en que el «sistema democrático dispone de mecanismos para superar una situación de esta naturaleza». «El Gobierno acata la decisión adoptada por la mayoría conservadora. Y el Gobierno adoptará las medidas precisas para poner fin al bloque y que sea respetada la Constitución y la voluntad popular. Necesitamos serenidad y firmeza», ha querido dejar claro. Como saben, en el día de ayer, el Tribunal Constitucional acordó por una diferencia mínima de 6 a 5 una decisión sin precedentes en 44 años de democracia. Lo que hizo fue paralizar con su decisión la acción de las Cortes Generales en un asunto que afecta a la renovación del propio Tribunal Constitucional conforme a lo que establece la Carta Magna. Esta situación tiene su origen en la decisión que el principal partido de la oposición, el PP, adoptó cuando perdió las elecciones y decidió incumplir con el mandato constitucional. Con ello asistimos a una situación inédita en la historia de nuestra democracia con el bloqueo de la renovación del órgano de los jueces, el Constitucional y el Poder Judicial. Un bloqueo cuyo único propósito es mantener una una situación anterior más favorable a su orientación. Se ha mantenido el bloqueo durante cuatro años. Los ciudadanos han asistido a distintas declaraciones desde el poder ejecutivo a la exigencia de cumplir con la Constitución, y en consecuencia, renovar los órganos constitucionales. El PP ha arrojado distintas excusas para retener por métodos espúreos lo que los ciudadanos no han validado en la urnas. Ello ha dado lugar a una situación que se ha ido agravando a lo largo de los meses y años hasta desembocar en la decisión adoptada ayer en el Tribunal Constitucional. Se trata de un hecho grave porque por primera vez se impide a los representantes legítimos democráticamente elegidos por los españoles con su voto que realicen su función de representación de la voluntad popular, de debate en el Parlamento y de votación. Por eso son hecho sin precedentes en la democracia de este país, pero tampoco de ningún país del espacio institucional europeo. Comprendo la indignación de muchos demócratas al sentirse vulnerados en un principio básico de la soberanía popular de la representación y comprendo la preocupación de la ciudadanía que contemplan desconcertados un choque institucional grave y tan inédito, no solo en la historia democrática de nuestro país sino también en el contexto europeo en el que se desenvuelve la democracia española. Quiero trasladar un mensaje de serenidad. España es una de las grandes democracias europeas y nuestro sistema democrático dispone de mecanismos para superar una situación de esta naturaleza. Y ese mecanismo, como corresponde en una democracia, no es otro, no puede ser otro, no va a ser otro, que el de la Ley y el del cumplimiento de la Constitución. En consecuencia, el Gobierno, como no puede ser de otra manera, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. Y también conforme a la Ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y en consecuencia para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del año 2019. En momentos de incertidumbre se precisa serenidad y también firmeza. Serenidad en el estricto cumplimiento de la Ley; y firmeza para hacer prevalecer el respeto a la Constitución y a la voluntad popular expresada libremente en las elecciones. La democracia requiere respeto, a la ley, respeto a la voluntad popular, de la que deriva la legitimidad de todos los poderes, también del poder judicial. Y por eso quiero asegurarles que el gobierno de España garantizará el estricto cumplimiento de la Ley, de la Constitución, y el absoluto respeto de la voluntad popular y, en consecuencia, del mandato constitucional. Ya anoche, poco después de conocerse la decisión del Alto Tribunal, e l ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, compareció desde Moncloa para asegurar que el Gobierno acatará la decisión del Constitucional aunque no comparte «ni el procedimiento ni el fondo de la cuestión». El Gobierno considera que «el PP quiere controlar el Parlamento» y considera la decisión del TC de «extrema gravedad». La decisión tomada en el pleno del Constitucional fue celebrada por el PP, que considera que «defiende a todos los españoles de la deriva autoritaria del Gobierno». Los presidentes de Congreso y Senado, Meritxell Batet y Ander Gil, anunciaron alegaciones aunque acatarán la decisión. Por Hoy por Hoy ha pasado este martes la magistrada María Luisa Balaguer, que votó en contra de admitir las medidas cautelares que paralizan la renovación del Constitucional y considera que la decisión de este lunes deteriora la imagen del tribunal: «No es posible que desde el Constitucional se condicione la soberanía nacional». El catedrático en Derecho Administrativo y exministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, ha puesto de relieve en el programa que dirige Àngels Barceló los errores que han llevado a esta crisis institucional sin precedentes. «Lo que ha pasado es gravísimo, marca un día de la democracia española. Es un ataque a la democracia con la particularidad de que está hecho desde dentro de la democracia y con los instrumentos legales de la democracia. Y todo eso parte de una situación de hace cuatro años». El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, considera la paralización de la renovación del Constitucional «una intromisión sin precedentes en el poder legislativo».

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El presidente del Gobierno afirma desde la Moncloa que el Gobierno acata la decisión y acusa al PP de esta situación

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