Griñán pide suspender su entrada en prisión por enfermedad grave
La Audiencia de Sevilla le ha dado 10 días para el ingreso voluntario en la cárcel a contar desde este viernes
Jose Antonio Griñán en una imagen de archivo / María José López / Europa Press
Sevilla
El expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por malversación en la pieza política de los ERE, ha solicitado a la Audiencia de Sevilla que suspenda su ingreso en prisión por enfermedad grave sobrevenida. Su defensa presenta un informe médico y, por otro lado, alega que los jueces y tribunales pueden otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de “una enfermedad muy grave con padecimientos incurables”. Es una circunstancia que la Sala ha tenido en cuenta para otro de los condenados, el ex viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá. Este ex alto cargo no entrará de momento en prisión.
El Tribunal deberá decidir al respecto en los próximos días teniendo en cuenta si las circunstancias de la enfermedad que alega Griñán son las mismas. Si su enfermedad es lo suficientemente grave y su lo son su avance y tratamiento. Además deberá ser examinado por un forense.
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Este jueves la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dictado un auto donde requiere a Griñán y a los exconsejeros Viera, Fernández, Vallejo y Aguayo para que ingresen voluntariamente en un centro penitenciario en el plazo de diez días naturales, a contar desde este viernes. El auto no se puede recurrir. El expresidente andaluz ha esperado este momento para informar de su enfermedad.
Los jueces afirman que no hay dato o circunstancia que permita reformar la resolución que ya emitieron y donde denegaban la suspensión de la ejecución de las penas impuestas por la sentencia firme del Tribunal Supremo. Explicaron entonces que ni la petición de los indultos al Gobierno ni los incidentes de nulidad ante el Supremo paralizaban la ejecución del fallo.
El expresidente andaluz Manuel Chaves y los exconsejeros Zarrías y Álvarez ya están cumpliendo condena de inhabilitación por un delito de prevaricación; por haber creado y mantenido un sistema de concesión de ayudas a empresas prevaricador que permitió la malversación de 680 millones de euros durante una década.