El juez Llarena aplica la derogación de la sedición a Puigdemont pero le mantiene procesado por malversación y desobediencia

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha reformulado la acusación contra los líderes independentistas que se fugaron tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, tras la reforma del código penal que deroga el delito de sedición y rebaja las penas por el delito de malversación cuando no haya lucro personal o a favor de un tercero. Tal y como ha avanzado la Cadena SER, Llarena atribuye a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí los delitos de malversación y desobediencia y descarta el nuevo delito de desórdenes públicos agravados porque considera que no enacaja en los hechos declarados probados en la sentencia condenatoria. El juez advierte que la derogación de la sedición plantea un “contexto cercano a la despenalización” de los hechos investigados y atribuye esta decisión a cuestiones ajenas a la Justicia. En cuanto a la malversación considera que no se puede aplicar el nuevo tipo que rebaja la pena y la mantiene. Llarena es muy duro, atribuye la derogación del delito a cuestiones ajenas al Derecho y la problemática jurídica. Dice que «encuentra su génesis en la sentencia del procés» y subraya que el delito de sedición es perfectamente homologable en Europa. Discrepa Llarena de los argumentos del Gobierno para llevar a cabo la reforma. Dice que difícilmente puede admitirse que una defectuosa redacción del delito de sedición pueda perjudicar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando solo se ha aplicado una vez en Democracia. “Únicamente una revisión completa de los hechos enjuiciados en este proceso y una marcada discrepancia con la respuesta judicial emitida, posibilita afirmar que exista la relación causa-efecto que el legislador subraya, afirma el auto. El juez deja sin efecto las euroórdenes, y las órdenes nacionales e internacionales de detención, que estaban dictadas contra los cinco procesados declarados en rebeldía, ante la reforma de los tipos penales que se les atribuían y que motivaron su emisión, lo que comunicará a los órganos judiciales de ejecución de Bélgica e Italia. Al mismo tiempo acuerda una nueva orden de busca y captura e ingreso en prisión de Puigdemont, Comín y Puig por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia por los que mantiene ahora su procesamiento. Respecto a la emisión de nuevas euroórdenes y órdenes internacionales de detención con fines de extradición contra los tres citados, al ser los únicos a los que se atribuye ahora la comisión de hechos que pueden ser castigados con pena de prisión, el juez Llarena pospone la decisión a que el Tribunal General de la Unión Europea decida sobre la eventual retirada de la inmunidad parlamentaria de los dos primeros, y a que el Tribunal de Justicia de la UE resuelva la cuestión prejudicial planteada por el magistrado. En lo que respecta a Rovira y Ponsatí, el auto acuerda su detención a efectos de recibirles declaración por un delito de desobediencia. La defensa de Carles Puigdemont ha descartado este jueves que su entrega a España sea más fácil tras entrar en vigor la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición, ya que el Tribunal Supremo mantiene procesado al expresidente catalán por los delitos de malversación y desobediencia. Según el abogado Gonzalo Boye, «el problema que tiene» el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena no es «de tipo penal», sino «de derechos fundamentales y es un problema de persecución política». Como ejemplo, Boye puso el hecho de que Llarena rechazara en 2018 que Alemania entregase a Puidemont por malversación y en cambio, ahora le reclame por ese delito. «No deja de ser un auto preocupante porque es una crítica abierta al poder legislativo, con incluso descalificaciones, y la conclusión a la que llegamos es que hoy el juez Llarena, el Tribunal Supremo, ha derogado la reforma de la malversación en la forma en la que han decidido aplicarla», ha asegurado Boye, en declaraciones a los medios en Bruselas. Boye, no obstante, insistió en que si el TJUE les concede la inmunidad, Puigdemont volverá a España, aunque se negó a poner fecha a la hipotética vuelta. «La fecha no la sé, porque depende de la sentencia y después de la decisión del presidente de cuándo regresar», ha asegurado el abogado. El magistrado recuerda que el Tribunal que juzgó el procés, en su informe sobre los indultos señaló que, al margen de la denominación con la que cada Estado criminaliza hechos similares, su carácter delictivo es incuestionable en todos los países de nuestro entorno, como lo es la relevancia de las penas previstas para comportamientos de esta naturaleza. Así, el tribunal señalaba que en Alemania, los delitos de alta traición se castigan con penas de prisión perpetua o de al menos 10 años de cárcel. En Francia también se puede llegar a castigar con cadena perpetua a los dirigentes del movimiento insurreccional por ataques a los intereses fundamentales de la nación, entendiendo por tal su independencia, la integridad de su territorio, su seguridad y la forma republicana de sus instituciones. En Italia, su Código Penal sanciona con pena privativa de libertad no inferior a 12 años los ataques violentos contra la integridad , independencia o unidad del Estado. Por tanto, Llarena concluye que nuestra previsión legislativa “hasta hoy, era plenamente homologable a la de los países de nuestro entorno para afrontar comportamientos como el enjuiciado, sin que pueda argumentarse que existe una discordancia punitiva entre España y otros países esgrimiendo la falta de colaboración de algún país a la entrega de los encausados fugados”. Primera reacción del Gobierno a esta decisión ha llegado por parte de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que considera que es una «consecuencia lógica» al desaparecer el delito de sedición: «Lo que está haciendo el juez Llarena es adaptar evidentemente esa tipificación de los hechos a los delitos que ahora resultan vigentes como consecuencia de la modificación del Código Penal». Minutos más tarde, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pedía «respetar las resoluciones judiciales, que son las que deben cumplirse en sus términos». El president de la Generalitat, Pere Aragonès, también se ha referido a este cambio: «Tendremos que ver el contenido. Yo quiero expresar el máximo respeto a la estrategia de defensa de todo el mundo, de todos los represaliados. De la misma manera que hemos dicho que el proceso de negociación no se hace por una persona, tampoco ninguna gestión en nombre de Puigdemont, pues ahora le toca pronunciarse primero a él», ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio. Desde la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que la retirada del delito de sedición a Puigdemont es una de las «primeras contrapartidas» de lo pactado en los últimos años por el presidente del Gobierno con los independentistas: «Ahora ya se están devolviendo los primeros favores y veremos cosas que nos helarán la sangre a lo largo de estos meses», ha dicho.

El juez Llarena aplica la derogación de la sedición a Puigdemont pero le mantiene procesado por malversación y desobediencia

Pedro Jiménez

Webs de PRISA