Mañueco ahonda en la confusión y niega que haya un protocolo nuevo para mujeres que quieran abortar mientras Vox insiste en que será obligatorio para los médicos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha convocado a los medios de comunicación para hacer una declaración institucional, sin preguntas, en medio de la polémica suscitada por el anuncio por parte de su Gobierno de una serie de medidas sanitarias para prevenir abortos en la Comunidad. «En ningún caso la Junta de Castilla y León actualiza el protocolo de actuación de las mujeres que se someten a una interrupción del embarazo», ha sentenciado durante su comparecencia que se ha celebrado en la sede de la Presidencia de la Junta y en la que, lejos de aclarar la situación, ha ahondado en la confusión y, sin desautorizar a Vox, asegura que no hay nuevo protocolo pero al mismo tiempo admite que las nuevas medidas «van a favorecer a las mujeres embarazadas». El presidente de la Junta se ha referido a la situación generada tras el anuncio del pasado jueves por parte del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), y podrá aclarar la contradicción existente entre ambos. Mañueco ya dijo que el protocolo sería voluntario para mujeres y médicos y el dirigente de Vox ha insistido este mismo lunes en que será obligado para los médicos ofrecer a las embarazadas escuchar el latido fetal y una ecografía 4D. En contra, Mañueco ha señalado «que ni la legislación ha cambiado ni la Asociación de Ginecología ha notificado nada» y que, por tanto, «no se obligará a los sanitarios ni a las mujeres a nada». El presidente castellanoleonés ha insistido en que lo que se hará en su comunidad será «mejorar las prestaciones a las mujeres embarazadas» y que «serán ellas las que podrán solicitar libremente los recursos que tienen a su disposición». Mañueco también ha hablado del requerimiento del Gobierno para que no aplique las medidas anunciadas y ha cargado duramente contra el Ejecutivo: «No albergo ninguna duda de que su único propósito es sacar rédito político y nos parece lamentable». Ha asegurado que «a esta hora» no ha llegado ningún requerimiento y que su gobierno no ha hecho ningún cambio «sobre la materia a la que hace referencia este requerimiento». Ha manifestado su «estupefacción por el comportamiento del gobierno de España» y ha recordado además que «las competencias respecto a este tema corresponden a la Consejería de Sanidad» y ha vuelto a insistir en que «las medidas que se implantarán mejoran las prestaciones en la cartera de atención a las mujeres embarazadas y en ningún caso se modifica la cartera de servicios al Estado». Desde el Gobierno, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, advierte de que impedirá el protocolo antiaborto de Castilla y León y asegura que no darán «ni un paso atrás» en los «derechos de las mujeres».