Nueva multa millonaria a Glovo: más de 56 millones de euros por emplear a inmigrantes sin permiso de trabajo

La Inspección de Trabajo ha impuesto una nueva sanción millonaria a la compañía Glovo por valor de 56,7 millones de euros. La sanción responde no solo al uso de falsos autónomos sino a emplear a inmigrantes sin permiso de trabajo. Glovo acumula ya sanciones por más de 200 millones de euros. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Madrid impone dos sanciones, tal y como adelanta la SER. El Ministerio de Trabajo estudia llevar a la Fiscalía a la compañía por un delito de explotación de trabajadores sin papeles. En total, 56,7 millones de euros que se suman a los 79 millones de sanción que la misma inspección impuso en Barcelona y Valencia el pasado mes de septiembre, tal y como adelantó la SER. Glovo es reincidente en las sanciones de la Inspección de Trabajo y son tantas las multas que, tras esta última, se cuestiona la viabilidad de la propia empresa. En concreto, las sanciones acumuladas suman 205,3 millones de euros por incumplir la ley de riders. La compañía sostiene que las sanciones son anteriores a la entrada en vigor de esa norma, pero lo cierto es que las sanciones propuestas en España suman lo siguiente: En total, un fraude laboral que afecta a 37.348 personas, según confirman fuentes de la Inspección. Esas sanciones ahondan el agujero de Glovo hasta el punto de cuestionar su viabilidad económica. Este pasado año 2022, la compañía prevé cerrar el ejercicio con pérdidas por valor de 300 millones de euros. El año anterior 2021, perdió 474 millones. Y en 2020, las pérdidas fueron de 83 millones de euros. El grupo alemán Delivery Hero es el nuevo propietario de Glovo desde el pasado 4 de julio pero sus abultadísimas pérdidas hacen difícil que pueda sostener semejante volumen de multas. Glovo es la única empresa que no ha cambiado su modelo para adaptarse a la llamada ley de riders frente a sus competidoras. Unas empresas que la acusan de “competencia desleal” porque la ley obliga a dar de alta en Seguridad Social a los repartidores que trabajan para Glovo con el argumento de que no son emprendedores sino trabajadores dependientes de un empleador, de la compañía. Just Eat ha adaptado su modelo, contratando a sus repartidores. Uber Eats también, externalizando los contratos. Glovo asegura haber cumplido pero fuentes de la Inspección dicen que sigue sin dar de alta a todos sus trabajadores y le reclaman cuotas pendientes de pago por valor total de 80 millones de euros. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tras conocer la noticia adelantada por la SER, mostró su confianza en que Glovo cumpla con la legislación, y avisó de que actuará «con el peso de la ley» si hay incumplimientos. En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados, Díaz reafirmó que «ninguna empresa en España, por muy grande o pequeña que sea, va a quedar al margen de la ley» y calificó el caso de Glovo como «palmario». Dijo que «no solamente vamos a dar estos pasos», tras la multa, «sino que yo espero y deseo que en este caso se aquiete la empresa y cumpla».