El Congreso aprueba definitivamente la nueva ley de universidades que pretende limitar la subida de tasas y frenar la precariedad

Ha salido adelante por 182 votos a favor, 157 en contra y ocho abstenciones

Atlas

Cadena SER09/03/2023 - 12:21 UTC

El Congreso ha aprobado de forma definitiva la nueva ley de universidades que pretende limitar la subida de tasas y frenar la precariedad. Ha salido adelante por 182 votos a favor, 157 en contra y ocho abstenciones. La nueva ley de universidades, la Losu, pretende cambiar el sistema de fijación de precios de las matrículas universitarias. Ya no será la Conferencia General de Política Universitaria - que reúne a ministerio y autonomías - la que fije precio máximo sino que serán las comunidades autónomas las que directamente establezcan la tasa aunque tendrán limitaciones. La propia ley dice que deberán hacerlo dentro de un marco general de contención o reducción progresiva.

En la práctica eso supone que las matrículas universitarias no podrán subir respecto al precio actual, sólo mantenerse o bajar, según fuentes del ministerio de Universidades. Este tope a las matrículas es uno de los cambios en la Losu. Además, los colegios mayores tendrán que dejar de segregar por sexos si quieren permanecer ligados a una universidad pública. Ahora mismo son mayoría los que segregan por sexo: hay 59 frente a los 50 que admiten a hombres y mujeres. Con la nueva ley de universidades, los que pretendan seguir adscritos a una universidad pública tendrán que hacerse mixtos cuando expiren sus convenios.

La nueva norma introduce también cambios en el sistema para elegir rector. Por ejemplo, ya no hará falta ser catedrático. También medidas contra la precariedad, disparada en muchos campus. Se permitirá cursar una carrera relacionada con un campo del que se tenga experiencia aunque no se tenga el título de Bachillerato.

Entre las últimas críticas que ha recibido la norma están las relacionadas con una enmienda de Esquerra y Bildu para la de que los campus debatan en el claustro temas trascendentes, entre ellos los políticos. Este aspecto provocó la queja de un millar de profesores, muchos en Cataluña y de los partidos de la derecha que ven una cesión al independentismo y que advierten de la perdida de neutralidad de las universidades.

Los residentes del colegio mayor Elías Ahuja piden disculpas por los gritos machistas y se comprometen a "cambiar sus conductas"

Otros cambios introducidos durante estos meses de tramitación parlamentaria son los siguientes:

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Las agencias autonómicas de evaluación refuercen sus funciones y se elimine la capacidad que el proyecto de ley otorga a la Conferencia General de Política Universitaria (Ministerio y comunidades) de establecer límites máximos de los precios públicos, de modo que solo se podrán mantener o reducir, nunca subir.
Se garantizará que los colegios mayores adscritos a las universidades públicas no puedan segregar por sexo y, de este modo, se eviten comportamientos sexistas como los del colegio mayor Elías Ahuja, en Madrid. En la práctica ello implica perder beneficios fiscales y otras ventajas de tipo cultural y deportiva.
Los claustros universitarios, además de aprobar los estatutos y diseñar las políticas universitarias, podrán "analizar y debatir otras temáticas de especial transcendencia” -lo que algunos interpretan como la pérdida de la neutralidad ideológica de la Universidad-.
El fomento del idioma propio de las comunidades no se limitará a la difusión y el aprendizaje sino de "forma principal" a su uso como lengua de transmisión académica.
Para presentarse a rector no será imprescindible ser catedrático, bastará ser personal laboral siempre que se cumplan los requisitos de tener tres sexenios de investigación, tres quinquenios docentes y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal.
Las personas sin titulación universitaria pero que acrediten experiencia laboral con nivel competencial equivalente a la formación universitaria, podrán acceder a las enseñanzas universitarias de formación permanente mediante un procedimiento de reconocimiento de la experiencia profesional.
El Gobierno deberá presentar en el plazo de seis meses, en lugar de un año, el proyecto de ley del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI).
Se ha añadido una nueva disposición transitoria en relación a las convocatorias de los concursos para la cobertura de plazas de personal docente e investigador oficialmente publicadas antes del 31 de diciembre de 2023, de modo que estas podrán regirse ahora por la normativa vigente anterior a la LOSU.

La Ley del ministro Joan Subirats sustituye a la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada hace 20 años por el Gobierno de José María Aznar