¿Qué es el pin parental y por qué no se ha prohibido finalmente en la nueva Ley de Familias?

El Gobierno ha aprobado este martes la Ley de Familias, que ahora deberá iniciar el trámite parlamentario con la idea de que entre en vigor esta legislatura. La norma incluye tres nuevos permisos para el cuidado de familiares o convivientes, asimila las familias monoparentales con dos hijos a las numerosas y reconoce los diferentes tipos de familias, como adoptivas, reconstituidas, LGTBI, con algún miembro con discapacidad, múltiples o acogedoras. El anteproyecto de la norma incluía en un primer momento la prohibición del conocido como pin parental, pero finalmente este apartado se ha excluido del texto «atendiendo a la recomendación y el criterio técnico del Consejo de Estado» para que la norma «sea conforme a su dictamen», según han explicado fuentes de Derechos Sociales. El pin parental otorga a los padres la capacidad de vetar contenidos que se aprueban en el Consejo Escolar. Esos contenidos que permite vetar el pin parental son los de igualdad o educación sexual, y, curiosamente, están recogidos en la LOMCE, la última ley educativa del PP. El pin parental es, en realidad, un papel. Un documento que los colegios que lo apliquen tienen que repartir entre los padres para que den su consentimiento a que sus hijos participen en actividades complementarias en las que, según Vox, se les adoctrina. Se trata de charlas sobre la igualdad, la diversidad sexual o contra la violencia machista, por ejemplo. Estas actividades pueden realizarse dentro o fuera de los centros son obligatorias, forman parte del currículo, y son evaluables. Raimundo de los Reyes, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Directivos de Centros Públicos de Educación Secundaria, considera que «los centros se están viendo obligados a solicitar la autorización de los padres para actividades que por su naturaleza no era necesario». Se refiere De los Reyes a «actividades evaluables que forman parte de la programación del centro», por lo que además del «trastorno burocrático» para la dirección del centro, supone «interferir en la adecuada educación integral de los jóvenes». Esas actividades complementarias y evaluables están programadas para mejorar la posibilidad del alumno de adquirir los estándares de aprendizaje. Como ejemplo, Raimundo de los Ríos explica que una actividad es comprender un cuadro viendo una diapositiva o en el museo. «El problema es que el pin parental se ha hecho extensivo a cualquier actividad. Si el niño no tiene el permiso expresa de los padres, incluso por despiste, no puede asistir a la actividad y hay que buscarle una actividad paralela». El Partido Popular y, finalmente, también Ciudadanos, aceptaron en 2020 la implantación del pin parental en la Región de Murcia. Fue la principal exigencia de Vox para apoyar al ejecutivo que preside Fernando López Miras. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspendió de forma cautelar la instrucción, atendiendo a que podía tratarse de un «perjuicio identificable» para algunos alumnos, pero Vox volció a reclamar la medida al ejecutivo regional y López Miras instauró, finalmente, un pin parental más suave, según el cual los padres debían ser informados de las actividades de sus hijos al menos siete días antes de su celebración. La medida también fue una reclamación del partido de ultraderecha en Andalucía, a cambio de apoyar la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta. Sin embargo, el PP y Cs dieron un portazo a su socio y rechazaron aplicar la medida. En la Comunidad de Madrid, la aprobación del pin parental fue un requisito indispensable para que Vox apoyara la Ley de la Infancia, que se aprobó el pasado 9 de marzo. Mientras que Vox defiende que, gracias a una enmienda suya, los colegios deberán informar previamente a las familias de las acciones educativas previstas, desde el PP aseguran que tal mecanismo ya se encuentra contemplado en la legislación educativa vigente y piden a Vox que deje de «desinformar de manera continua y permanente a todos los madrileños y, especialmente, a sus votantes» La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, tenía la intención de vetar el pin parental porque, a su juicio, los progenitores o adultos responsables no deben «limitar o impedir el acceso de niñas, niños y adolescentes a la información y su participación en actividades de sensibilización y difusión de la diversidad familiar que se desarrollen en el marco educativo, a fin de evitar una restricción de sus derechos a la educación y al libre desarrollo de su personalidad». Por su parte, la exministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, se pronunció con durez contra el pin parental y aseguró que que el Ejecutivo recurriría cualquier iniciativa consistente en implantar esta medida. «Vulneran el derecho a la educación integral de los alumnos y alumnas, que tienen que desarrollar al máximo su personalidad, y vulnera además en el respeto a los principios democráticos de la convivencia», explicaba en Hora 25. El Gobierno entiende que el pin parental vulnera el derecho del niño a ser educado y el derecho del profesor a la autonomía pedagógica, además de que, en su opinión, excede las competencias de las comunidades autónomas.

¿Qué es el pin parental y por qué no se ha prohibido finalmente en la nueva Ley de Familias?

El pin parental es una iniciativa que permite a los padres vetar contenidos que se aprueban en el Consejo Escolar

Susana Elguea