Sesgo racista en la represión de las protestas en Perú
Amnistía Internacional ha documentado un uso de fuerza ilegítima y ejecuciones extrajudiciales contra manifestantes indígenas, campesinos y pobres
La glorieta de las y los desaparecidos
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Indígenas, campesinos y pobres han sido los perfiles más duramente reprimidos de entre los manifestantes en Perú. Amnistía Internacional ha analizado los casos de varios de los fallecidos en los últimos meses durante las protestas que han estallado en el país tras la caída del presidente Pedro Castillo. En su análisis, la organización ha percibido el uso de fuerza ilegítima contra los manifestantes y también ejecuciones extrajudiciales con un claro sesgo racista.
Raúl San Millán perdió a su hermano en las protestas de enero en Perú. Denuncia un derramamiento de sangre de personas inocentes, algunos menores, que luego “acusan de terroristas”. “Estigmatizan a nuestros pueblos andinos, tal vez por el hecho de que tengamos otro color de piel”. Su caso representa el dolor de muchas familias que piden ahora que las muertes de sus allegados no queden impunes.
“Ha habido una estigmatización muy fuerte de las personas que protestan, les han llamado terroristas, las han llamado vándalos, delincuentes que se dejaban azuzar no por grupos criminales”, corrobora la directora de Amnistía Internacional en Perú Marina Navarro. Unas acusaciones que acrecientan el dolor de las familias de los asesinados. Según la investigación de AI, se ha detectado una estrategia clara de las autoridades por deslegitimar las reclamaciones de estos colectivos vulnerables.
Las veinticinco muertes analizadas se produjeron por el uso de armamento letal. “Se han utilizado rifles de asalto y pistolas contra población que andaba totalmente desarmada y se ha ido intencionalmente a disparar a la cabeza y el torso de los manifestantes”, denuncia Navarro. La mayoría de las víctimas son jóvenes menores de 21 años.
“Han sido ataques generalizados en diferentes regiones”, por lo que no se trata de hechos aislados, sino que “existe un patrón”, por eso AI exige que se depuren responsabilidades y se investigue a toda la cadena de mando hasta el más alto nivel, desde los militares y la policía hasta los ministros y la propia presidenta.
Todavía nadie ha respondido por estas muertes. Incluso la Fiscalía se ha retirado de algunas de las áreas donde se desarrollaron las protestas. Navarro explica que todos los casos, que en su mayoría eran de regiones andinas, los han centralizado en un solo caso en Lima, alejadas del lugar de los hechos, por lo que las víctimas “no están teniendo acceso para hacer declaraciones, las están haciendo de manera virtual, con mala conexión”. Una carga añadida a los familiares de las víctimas, familias “con muy pocos recursos o personas heridas que no pueden trabajar” y tienen muy difícil trasladarse para la investigación.
A la organización le preocupa además que “en las investigaciones no se están recogiendo todas las evidencias como, por ejemplo, cuáles han sido las armas y quiénes las utilizaron. No se han hecho análisis a los policías y a los militares que actuaron”. Esto ha hecho que se pierdan evidencias y se hayan ralentizado las investigaciones.
La victimización de los afectados es doble. “Sienten el abandono del Estado, pero además, es que cuando el Estado está presente, lo que sienten es que les ataca”, dice Navarro. Un ataque por parte de las instituciones que se traduce en que muchos de los heridos que han conocido los equipos de Amnistía Internacional “ni siquiera se atreven a ir a centros de salud, porque allí está yendo a la Fiscalía y se les está abriendo a ellos casos que como acusados, utilizando cargos de terrorismo, de crimen organizado, de vandalismo, hacia los propios heridos de bala por parte de la policía”.
Las familias están dispuestas a llegar hasta el final para evitar la impunidad, incluso más allá de la justicia peruana. “Las familias tienen una inmensa dignidad”, dice Navarro, y se están preparando para llevar los casos ante la ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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