“Tirando a matar” en Nicaragua: cinco años de represión
Un informe de la ONU prueba los crímenes de lesa humanidad por parte del Gobierno de Daniel Ortega en la represión de las manifestaciones de 2018.
Nicaragua. 5 años de sangría
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Hace cinco años que Nicaragua estalló contra su presidente Daniel Ortega. Una reforma de la Seguridad Social que, entre otras cosas, obligaba a cotizar a los jubilados, fue la chispa que encendió las calles frente a un gobernante que había empobrecido todavía más al que es el segundo país más pobre de América Latina, y había conseguido controlar todos los resortes del Estado.
La represión de las protestas fue sangrienta. El Gobierno nicaragüense llegó a reconocer 198 muertos en el contexto de estas protestas que presentaba como una intentona golpista. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó la cifra de víctimas a 350.
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Las organizaciones denunciaron el excesivo uso de la fuerza en la represión a las protestas que ahora acredita también el informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos al que Naciones Unidas encargó investigar las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y torturas que se han producido desde 2018 en el país para quebrar a los críticos.
“En la represión de las manifestaciones usaron armas. Los informes forenses no dejan lugar a dudas. Se tiró para matar”, asegura Jan-Michael Simon, presidente de este Grupo de Expertos.
Las fuerzas del orden dispararon a los manifestantes incluso con francotiradores. Todo sin que se encontrara ninguna prueba que justificara esa respuesta contra manifestaciones pacíficas. “La respuesta del Gobierno fue más que desproporcionada”, dice Simon.
El Consejo de Derechos Humanos ha alertado sobre la situación en el país y, dada la gravedad, ha prorrogado su misión allí. Su informe concluye que “hay pruebas que indican que se están llevando a cabo crímenes de lesa humanidad de parte del Gobierno de Nicaragua”. No solo disparaba la Policía, también grupos progubernamentales paraestatales en coordinación con la Policía.
La llamada operación limpieza que se llevó a cabo se basó en “limpiar las calles de manifestantes”, explica Simon. El Grupo de Expertos ha recopilado pruebas que indican que hubo incluso instrucciones a hospitales y centros de salud para que no atendieran a los heridos.
No hay constancia de que ningún policía haya respondido por estas muertes, pero sin embargo se han constatado obstáculos continuos a la gente que ha intentado acudir a la justicia en busca de una reparación. Simon denuncia que “se ha instrumentalizado la justicia para aniquilar a la oposición política. Es notoria la captura del sector de justicia para aprehender, detener, juzgar, incluso expulsar personas del país”.
La represión no se limitó a 2018, continúa todavía hoy con la persecución a políticos opositores, periodistas, miembros de ONG y hasta figuras religiosas. “Se trata de persecución política” tal y como se recoge en el derecho penal internacional, dice el experto. “Hemos detectado un denominador común en los delitos, que son para aniquilar la oposición”.
Esos delitos incluyen torturas físicas y “tortura blanca”, en la que se aisla completamente a la víctima durante largos periodos. Es lo que ocurre en lugares como la cárcel del Chipote. En muchos casos, además, Simon insiste en que desde la mera sospecha ya está dictada la condena. “La sospecha es igual a la acusación, la acusación es igual a la investigación, y la investigación es igual a la sentencia, si es que hay una sentencia”.
En las torturas se utiliza a las familias, y se imponen también castigos sexistas y vejatorios a las mujeres.
El grupo que dirige Jan-Michael Simon ha documentado la cancelación de más de 3.100 organizaciones sin ánimo de lucro nacionales e internacionales que trabajan en Nicaragua. Este año se ha desterrado a más de 300 personas consideradas traidoras de la patria.
El máximo responsable de estos abusos es el presidente Daniel Ortega, pero también es clave el papel que juega la primera dama, Rosario Murillo. “Comparten las responsabilidades políticas”, asegura Simon. “Tenemos varias personas identificadas que son los autores directos. Tenemos a la pareja presidencial como máximos responsables, pero todavía hace falta profundizar en los mandos medios, en la cadena de mando”.
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