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Miércoles, 26 de Junio de 2019

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Brutalidad y la "represión silenciosa" en Nicaragua

El relator de la misión de la ONU en Nicaragua, Guillermo Fernández Maldonado, denuncia que su expulsión dificulta el desarrollo del proceso de paz en el país. Mientras tanto, en Guatemala se ha eliminado el comisionado contra la impunidad

La represión en Nicaragua no cesa y ha obligado a decenas de personas a huir del país. La cifra de muertos alcanza los 322 desde el 18 de abril hasta el 20 de agosto, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 23 de ellos eran niños. Hemos podido hablar con el Coordinador de la Misión de la ONU en Nicaragua, Guillermo Fernández Maldonado, quien destaca que ha habido una escalada de la violencia, especialmente tras "la aparición de los grupos de encapuchados no identificados y armados". Se trata de gente entrenada para manejar el armamento de guerra, incluyendo francotiradores como los que operaron el 30 de mayo matando a 18 personas, en la marcha del Día de las Madres, recuerda Fernández.

Sorprende, sin embargo, que pese al repunte de la violencia las investigaciones apenas hayan arrojado luz sobre los asesinatos. La dificultad está en que "toda la cadena de investigación está orientada en contra de quienes participaron en las protestas. No hay ningún policía ni ningún miembro de estos grupos progubernamentales armados que sea investigado o acusado. El Gobierno no ha reconocido ningún caso de exceso de uso de la fuerza. A esto hay que sumar que las audiencias conforme al estándar internacional deben ser públicas y aquí son privadas", explica. Ellos son los ojos de la Comunidad Internacional, pero se les invitó a abandonar el país, por lo que ahora trabajan desde Panamá. “A pesar de que el Gobierno nunca nos dio respuesta a todas las solicitudes de información, de que no nos dejó salir de la ciudad de Managua, no nos dejó ingresar a ninguno de los centros de detención, la gente decía: permanezcan en el país, porque eso nos da mayor protección”, pero desde el Gobierno se ha hecho lo posible por evitar que haya testigos de los abusos.

El informe de la ONU revela también que hay un patrón común en los ataques. El 76% de las víctimas murieron en las manifestaciones, el 80% por armas de fuego, la mayoría tiroteados en la cabeza o el tórax por francotiradores. El coordinador de la misión detalla que "la enorme mayoría de las personas que han salido a protestar lo han hecho de forma pacífica", por lo que no ha habido un "correcto uso de la fuerza". El Gobierno de Nicaragua ha utilizado una respuesta letal ante amenazas no letales.

Otra de las constataciones que ha podido realizar Naciones Unidas es la multitud de detenciones arbitrarias que se han producido. "Las detenciones se dan sin ninguna orden de un juez y después la persona literalmente desaparece, por eso decimos que hay desapariciones forzadas temporales. Puede pasar un mes sin que se sepa dónde está a persona", denuncia Fernández Maldonado. Los familiares van a la cárcel del Chipote y no reciben información. En esa prisión, según cuentan los que han pasado por ella, han sufrido violencia, falta de asistencia médica, torturas o una gran intimidación que hace que "mucha gente no quiera hablar". Además, asegura el coordinador de la misión de la ONU, la mayoría de las detenciones no las hace la policía, sino los encapuchados armados, en base a listas y muchas veces realizando detenciones grupales, "de toda una familia por haber participado en la protesta". Decenas de funcionarios, médicos, personal de asistencia, bomberos y profesores universitarios han sido despedidos por asistir a las víctimas de las protestas. Esto demuestra, para Fernández, la represión sistemática con intención no sólo de impedir una protesta social, sino de buscar "que nunca más haya algo como la manifestación masiva del 30 de mayo".

Demonstrators help an injured man during a protest against Nicaraguan President Daniel Ortega's government in Managua / OSWALDO RIVAS (REUTERS)

Costa Rica ha recibido 23.000 solicitudes de asilo de nicaragüenses entre los meses de abril y julio, según datos de ACNUR. Este es sólo un reflejo de la desesperada situación que se vive en el país a consecuencia de la represión del Gobierno sandinista de Daniel Ortega. "Está dando caza y persiguiendo incluso a la gente que se ha desplazado forzosamente hacia Costa Rica huyendo del terror y frente a una eminente muerte", asegura Yerling Aguilera, una joven nicaragüense que ha pedido asilo en España.

Aguilera ya nos había hablado en junio de la represión y violencia que sufre el país con motivo de la Caravana de Solidaridad Internacional con Nicaragua, plataforma de la que ella forma parte y que se dedicó a recorrer toda Europa para contar al mundo esa situación. Ahora desde Madrid Aguilera teme que si volviera a su país sería encarcelada ilegalmente "como los presos políticos que hay ahora y que se han dado bajo una modalidad prácticamente de secuestro" o asesinada, como les ha ocurrido a tantos que han participado de las protestas contra el Gobierno. Cree que le esperaría posiblemente "una vida clandestina como la de mucha gente que ha tenido que recluirse en casas de seguridad porque los paramilitares contratados por el Gobierno han dado seguimiento a esas personas llegando a asaltar sus casas y amenazar a sus familias".

Les tratan de terroristas, golpistas e incluso de plaga. "Tras el recorrido de la caravana por diferentes países empezamos a recibir hostigamientos, amenazas de muerte, y consideramos postergar nuestro retorno tras aprobarse la ley antiterrorismo que criminalizar la protesta social". Durante la Caravana les acusaron de haber estado haciendo una colecta para comprar armas y bombas. Ahora la crisis social y política que atraviesa el país ha entrado en una tercera etapa. Se refiere a lo que llaman "represión silenciosa", que llega después de la "operación limpieza", asegura la activista, consistente en "la persecución y asesinato a las personas que estaban en movilización".

La represión silenciosa se basa en el secuestro de personas que han estado movilizadas. "La modalidad han sido secuestros, encarcelamientos, torturas, violaciones de los derechos de los presos, irregularidades legales, juicios a puerta cerrada y condenas ilegales", recuerda Aguilera. La represión se ha llevado a cabo con ayuda de las "turbas o fuerzas de choque", paramilitares, detalla, a los que el Estado entrena y entrega armas. Esta práctica preocupa especialmente porque supone "una amenaza a la seguridad nacional equipar a estos grupos con armas de alto calibre y estas fuerzas han estado operando y delinquiendo sin ningún control. Tienen luz vede para atacar a cualquier persona que se pueda identificar como opositora".

Guatemala, al borde del precipicio

El caso de Nicaragua no es el único escándalo que nos llega desde Centroamérica. En su vecina Guatemala, su presidente Jimmy Morales, acorralado por la corrupción, ha desmantelado la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, un comité que también depende de la ONU y al que tambén le han cerrado las puertas. Esa Comisión Internacional contra la Impunidad de ha estado presente durante diez años y se creó "por la imposibilidad de la Fiscalía de investigar por sí misma delitos de funcionarios públicos porque la mayoría del Estado está infiltrado por el crimen organizado y desde hace tres años la Comisión ha ayudado a destapar una serie de casos donde se han visto involucrados el actual presidente y los dos anteriores, muchos diputados, congresistas, jueces, empresarios... una red de corrupción que atraviesa todo el Estado guatemalteco", asegura Álvaro Montenegro, periodista y uno de los líderes de la Plaza, uno de los activistas que han impulsado las protestas contra la corrupción.

La prohibición de entrar a país al comisionado de la ONU se debe al temor del presidente Morales de que "el próximo año, cuando deje el Gobierno, pueda ir a la cárcel" y saben que sin el trabajo de la comisión pueden fácilmente "controlar la Fiscalía con dádivas y sobornos". Montenegro cree que en Guatemala se está dando un "golpe de Estado a cámara lenta" con el fin de salvarse. Cuenta que se han desplegado carros militares con soldados para intimidar a la población, por eso temen que estalle una represión violenta similar a la de Nicaragua. "Lo que estamos viendo es un preludio de la violencia política", denuncia el activista.

El presidente Jimmy Morales, un antiguo actor de un programa de comedia que se postuló a las elecciones por un partido de ex militares, está convirtiendo Guatemala en un "narco-estado", según Montenegro, porque "es un aliado del narcotráfico, apoya la corrupción y el crimen organizado" con el control de las estructuras estatales que garantizan la impunidad.

La contribución de las armas de España en los conflictos

Nicaragua es uno de los países a los que España ha vendido armas en 2016. Fundamentalmente material antidisturbios. Aunque en 2017 ya no se produjeron exportaciones de armas a este país, las organizaciones como Fundí Pau señalan la necesidad de que España se cerciore de no autorizar ninguna exportación de armas en el contexto actual y que se preocupe por saber en qué medida las armas que vendió en 2016 han sido utilizadas para la represión en Nicaragua.

Arabia Saudí es uno de los principales compradores de armas españolas. La decisión del Gobierno de anular la venta de varias bombas a la potencia regional que serían utilizadas para el asedio en Yemen nos lleva a preguntarnos a qué otros países exporta armas España bajo la sombra de la sospecha de los abusos de los derechos humanos. En el informe de 2017 'Armas Sin Control' de Amnistía Internacional, Fundí Pau, Greenpeace y Oxfam se señalan los países que atraviesan una situación de conflictividad y vulneración de los derechos humanos y en los que el envío de armas puede agravar esa situación. Se trata de Egipto, Irak, Honduras, Pakistán, Turquía o Ucrania, señala Jordi Armadans, director de Fundí Pau.

El derecho internacional obliga a valorar el impacto que tendrían las armas en el país de destino antes de realizar la venta. España realiza semestralmente ese informe y las evaluaciones de riesgo, a través de unas juntas interministeriales cuyas actas son secretas, pero para Armadans el análisis debe mejorarse y "sobre todo tener en cuenta que en caso de duda los derechos humanos deben primar sobre los intereses comerciales". La transparencia es todavía una asignatura pendiente, porque no se permite participar a las ONG en las reuniones, sin embargo el nuevo gobierno se ha comprometido a revisar las políticas de comercio de armas con Arabia Saudí, asegura Jordi Armadans.

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