La Fiscalía de Canarias denuncia el hundimiento de una zódiac que se hundió tras 10 horas esperando y donde murieron 36 personas

Las Palmas de Gran Canaria

La Fiscalía de Canarias ha denunciado ante los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria el naufragio de la neumática que se hundió al sur de la isla el pasado 21 de junio tras 10 horas esperando la llegada de un barco de rescate, con un balance de 36 muertos y desaparecidos, al entender que se pudo cometer un delito de omisión del deber de socorro.

La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha confirmado que el Ministerio Público "hace suya" la denuncia presentada por la ONG Caminando Fronteras, que facilitó a las autoridades españolas la posición que permitió localizar a esa zódiac, y pide formalmente que se abra una investigación penal sobre lo ocurrido para que aclaren las circunstancias de ese rescate.

Con esta, son ya dos las investigaciones abiertas por esa tragedia sucedida en aguas en las que España y Marruecos comparten responsabilidades internacionales de rescate, ya que también el Defensor del Pueblo decidió, de oficio, indagar en lo ocurrido y pedir explicaciones tanto a Salvamento Marítimo como al Centro Regional de Coordinación de Canarias, el órgano a cargo de la Guardia Civil que coordina la búsqueda de pateras en el Atlántico.

La Fiscalía aprecia indicios de delito en la secuencia de hechos que va desde que esa neumática con 60 ocupantes fue localizada por un avión de Salvamento Marítimo español a 162 kilómetros de Gran Canaria (en torno a las 20.00 horas del 20 de junio) hasta que, 10 horas después (sobre las 6.00 del día siguiente), llegó hasta su posición la patrullera marroquí Al Mansour, con los inmigrantes ya en el agua.

La denuncia de la Fiscalía no señala, por ahora, a alguna persona u organismo concreto como posible responsable de la omisión del deber de socorro, pero sí defiende que existen indicios suficientes para abrir una instrucción y practicar pruebas que aclaren qué ocurrió.

La mera presentación de la denuncia también es relevante por otro motivo: supone que el Ministerio Fiscal considera que España es competente para investigar ese naufragio, aunque ocurriera en una zona del Atlántico entre Canarias y el Sahara donde no está definida en ningún tratado cuál es la frontera marítima española, si bien sí están asignadas formalmente las responsabilidades de búsqueda y rescate (SAR) por parte de la Organización Marítima Internacional. Al mismo tiempo que un avión localizaba la neumática, un barco español de Salvamento socorría a otra lancha con inmigrantes muy cerca de allí, la Guardamar Calíope.

Ese barco de alta capacidad se encontraba a unos 46 kilómetros de distancia de la zódiac que se hundió más adelante (a una hora de navegación a velocidad de rescate, 25 nudos), pero Salvamento le pidió que regresara al puerto de Arguineguín porque Rabat había asumido la coordinación de esa emergencia y enviaba una patrullera.

Sin embargo, esta no llegó hasta pasadas las 6.00 de la mañana del día siguiente, cuando los ocupantes de la neumática estaban ya en el agua. Sobrevivieron 24 personas, que fueron trasladadas al Sahara por la patrullera Al Mansour, y solo se recuperaron dos cadáveres.

Salvamento Marítimo ha defendido su actuación en ese rescate con tres argumentos: sucedió en aguas bajo responsabilidad de rescate compartida entre España y Marruecos, pero más cercanas al Sahara; la Calíope debía regresar a tierra para que las personas que llevaba a bordo recibieran asistencia; y su personal nunca supo que los ocupantes de la neumática que a la postre naufragó corrieran peligro.

La ONG que denunció en primera instancia los hechos contesta a esos argumentos que la ayuda más cercana no estaba en ese momento en Marruecos, sino en el barco español Guardamar Calíope, ya situado en zona, y que toda neumática que navegue en océano abierto con esa cantidad de personas a bordo está, por definición, en peligro.

Se da la circunstancia de que uno de los fallecidos fue recogido por un servicio español, un helicóptero de Salvamento, cuando en la mañana del 21 de junio pidió a España que enviara medios aéreos, y su cuerpo está ahora en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.

Se trata de un niño de cuatro años, al que una familia costamarfileña que estos momentos se encuentra en Marruecos ya ha identificado fotográficamente, ha confirmado a EFE una fuente del instituto forense, que está pendiente de que se puedan hacer las pruebas de ADN para que el juez confirme la identidad y decida sobre el cuerpo.