El Poder Judicial rechaza por primera vez en democracia dar su confianza a un fiscal general del Estado

Madrid

El Consejo General del Poder Judicial ha rechazado por primera vez en democracia conceder el plácet al fiscal general del Estado. Álvaro García no ha recibido el visto bueno del órgano de gobierno de los jueces. Ocho votos en contra frente a siete apoyos. La mayoría conservadora sostiene que la sentencia del Tribunal Supremo que le acusó de "desvío de poder" en la elección de Dolores Delgado como fiscal de sala de lo militar del Tribunal Supremo le impide ejercer el cargo. Precisamente esta sentencia, de la que fue ponente Pablo Lucas, ha sido el motivo para que el vocal, Enrique Lucas, haya solicitado la abstención en este caso que el pleno ha admitido por unanimidad. Lucas era un voto seguro a favor de la idoneidad de Álvaro García.

La ley establece que el Consejo debe controlar la idoneidad del Fiscal General del Estado a través de un informe preceptivo, pero no vinculante. La idoneidad exige 15 años de ejercicio profesional o la consideración de jurista de reconocido prestigio que son unos requisitos que el Fiscal General del Estado cumple sobradamente. Sin embargo, los vocales elegidos a propuesta del PP han puesto el foco en otros aspectos que no contempla la ley, además de la sentencia sobre Dolores Delgado: su retraso en cesar al fiscal de menores, Eduardo Esteban, cuyo nombramiento también fue anulado por el alto tribunal y también su falta de defensa de la carrera fiscal frente al acuerdo PSOE y Junts que contempla el lawfare.

El Consejo General del Poder Judicial cumple la semana que viene cinco años en funciones por la negativa del PP a renovarlo. De los 21 miembros elegidos por las Cortes solo quedan en activo 16 entre fallecimientos, jubilaciones y dimisiones. La institución tiene al frente al segundo presidente suplente, después de que el titular, Carlos Lesmes, dimitiera en un intento de forzar la renovación. Por último, la imposibilidad de hacer nombramientos de este órgano en descomposición deja, además, 84 plazas judiciales vacantes. 23 de ellas en el Tribunal Supremo.