La COP en un 'petroestado'

No superar los 1,5ºC de calentamiento máximo del planeta fijado en el Acuerdo de París en 2015 es un objetivo que se antoja difícil si los países no renuncian al petróleo, el gas y el carbón. La COP 28 se celebra en Dubái entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre y la primera contradicción está en el país anfitrión, uno de los principales productores de petróleo del mundo.

Además, preside la cumbre el Sultan Ahmed Al Jaber, directivo de la petrolera Adnoc, la empresa pública de petróleo y gas emiratí, que persigue una estrategia de aumento de la explotación y producción de combustibles fósiles. Sobre este posible conflicto de intereses lleva meses alertando Amnistía Internacional. Nuria Berro, portavoz de la organización, teme que el lobby de los combustibles fósiles, presente en estos eventos, obstaculice el avance en el abandono gradual de los combustibles fósiles. Le preocupan especialmente métodos como el impulso de “soluciones no probadas y con riesgos para los derechos humanos como la captura y el almacenamiento de carbono”.

Berro insiste en el objetivo clave de eliminar de forma “rápida y gradual” los combustibles fósiles como principal prioridad de los países reunidos, como comparten otras organizaciones ambientalistas. En un momento crítico en el que las emisiones que contribuyen al cambio climático no han dejado de crecer, José Luis García, responsable del área de Clima y Energía de Greenpeace, llama al alcance de un acuerdo que incluya tres cuestiones: poner fin a la era de los combustibles fósiles; cerrar la brecha, en la evaluación global del acuerdo de París, que separa compromisos puntuales y medidas más ambiciosas para evitar sobrepasar el límite del calentamiento global; y la aprobación de un paquete de financiación creíble que incluya el lanzamiento del nuevo fondo de pérdidas y daños y medidas para que quienes contaminan paguen.

Las empresas de combustibles fósiles reciben cada año siete mil millones de dólares en forma de subvenciones. La apuesta de Amnistía Internacional es el abandono de subvenciones a la industria de los combustibles fósiles y dedicar ese dinero a la transición justa y accesible hacia las energías renovables, respetando los derechos humanos. “La inacción no es una opción”, subraya Berro. Y añade que también deben alcanzarse “compromisos para financiar la mitigación y la adaptación en países con menos recursos y para compensar quienes ya están sufriendo los efectos de la emergencia climática”.

Para que el efecto sea real, los compromisos alcanzados en estas cumbres deben ser vinculantes e incluir acciones claras. Y ahí es donde la portavoz de AI cree que juega un papel clave la sociedad en su demanda de que se cumplan los compromisos, porque una de las mayores preocupaciones ahora es “que se ralentice el camino hacia la transición, que se tomen medidas parche o que se retrasen acciones que ya se habían comprometido”.

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La alarma, recuerda Berro, tiene que ver con la mejora de nuestra salud, nuestro derecho a la vida, al agua, a la alimentación… porque el cambio climático sobre todo afecta a los derechos humanos. “El IPCC habla ya de que 3.500 millones de personas viven en zonas muy vulnerables al cambio climático. Estamos viendo cada año siete millones de muertes prematuras por la contaminación y cómo los fenómenos extremos se cobran cada vez más vidas”, señala.

La última de las contradicciones del cambio climático es la referida a sus consecuencias. Los países más ricos e industrializados son quienes más han contribuido a las emisiones, pero son los más pobres, como Pakistán, los que están sufriendo los impactos más graves. Eso provoca la llegada de refugiados climáticos con cifras alarmantes que aporta el Banco Mundial: sin una acción inmediata, se podrían alcanzar los 216 millones de personas desplazadas para el año 2050.