Un año después del Mundial de Qatar: ni avances sociales, ni informe de la FIFA ni indemnizaciones por los obreros fallecidos

Hace un año el mundo del fútbol centró su atención por primera vez en Catar, sede entonces de un Mundial que encumbró definitivamente a Leo Messi a los altares una vez que llevó a Argentina a su tercer trofeo. Más allá del fútbol, Catar fue la sede más polémica de la historia del torneo, envuelta en las críticas constantes por la falta de respeto a los derechos humanos en ese país, y un año después no hay nada nuevo bajo el sol ardiente de este emirato del Golfo Pérsico. El Mundial no ha traído avances sociales en Catar. Por un lado, las familias de los obreros fallecidos en la construcción de los estadios, la inmensa mayoría procedentes de países de Asia, siguen sin recibir una reparación justa. Por otro, las condiciones laborales para los empleados extranjeros que siguen en el país apenas han mejorado. Y ni hablar de avances en la libertad de la mujer o en el reconocimiento del colectivo LGTBI, que en ambos casos siguen sufriendo las leyes represivas del emirato. «Es cierto que en 2017 Catar firmó un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo para adoptar algunas reformas con su legislación laboral. Por ejemplo, un nuevo salario mínimo o una nueva legislación sobre salud y seguridad. Sin embargo, ya al inicio del Mundial, la aplicación de estas reformas seguía siendo insuficiente y en este año posterior el proceso se ha estancado mucho más», nos cuenta Carlos de las Heras, responsable de Deporte y Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Cientos de miles de personas pagaron por adelantado entre 1000 y 3000 dólares a empresas cataríes para poder trabajar en en el emirato y en muchos casos se encontraron con impagos posteriores y empleos sin las condiciones mínimas de seguridad. «Eran promesas falsas y por desgracia hay poco que los países de origen puedan hacer», explica el portavoz de Amnistía Internacional. Según una investigación del diario británico The Guardian, más de 6500 obreros de Bangladesh, Nepal, India, Pakistán y Sri Lanka fallecieron durante la construcción de los estadios. Catar apenas reconoce la muerte de unos 500. «A día de hoy sigue siendo extremadamente fácil saber cuántas personas han fallecido», cuenta De las Heras, quien añade que «la reparación por los abusos sufridos sigue sin materializarse y sin llegar a buena parte de las familias afectadas». De hecho, ya durante el torneo, Amnistía Internacional comprobó que por ejemplo en el sector de los trabajadores de los hoteles, no se les estaba permitiendo coger días libres y se les amenazó con recortes salariales si pretendían tener un tiempo de descanso mayor del establecido. Catar mantiene un salario mínimo de 242 euros, por debajo de países con menos poder económico como Belice, Turkmenistán o El Salvador. La Organización Internacional del Trabajo ha denunciado además que muchos trabajadores tardan meses en poder cobrar su salario. En el momento actual, los trabajadores extranjeros sí pueden salir de Catar, pero apenas han comprobado mejoras en sus condiciones en el país. Sólo se han implementado medidas para prevenir el impacto del tremendo calor que hace en el país, impidiendo que se trabaje a determinadas horas por ejemplo, pero hay otros abusos que siguen vigentes y que sufre la población más vulnerable, como las trabajadoras extranjeras que están empleadas en el servicio doméstico. Teóricamente, los trabajadores pueden cambiar libremente de trabajo, pero en la práctica se les sigue exigiendo un permiso por parte de sus empleadores actuales. «Los funcionarios del gobierno siguen sugiriendo a los trabajadores que soliciten ese permiso. Según datos del propio gobierno catarí, el ejecutivo ha denegado un tercio de las peticiones de cambio de empleo». Amnistía ha detectado que los empleadores siguen presentando denuncias por supuestos abandonos de puestos de trabajo, o amenazan con retirar los permisos de residencia, para mantener incluso contra su voluntad a empleados en sus empresas. De las Heras explica que «cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que sufrieron abusos durante la preparación del torneo, siguen sin tener acceso además a la justicia para obtener reparación». Amnistía pone por ejemplo el caso de Marcus, un trabajador de Ghana que sigue trabajando en Catar para poder pagar el dinero del préstamo que pidió para poder ir precisamente a trabajar antes del Mundial. Otro caso es el de Judith Nyakangi, una empleada del hogar de origen keniano que denunció la violencia que su empleador ejercía sobre ella hasta el punto de causarle daños en la columna y en las piernas. Su caso fue desestimado por la justicia catarí a pesar de presentar informes médicos y evidencias visuales del maltrato sufrido. Un mes después de que terminara el torneo, dos trabajadores pakistaníes y uno de la India fueron arrestados por participar en protestas en las que exigían mejoras en sus condiciones laborales. En abril fueron condenados a 6 meses de cárcel y a pagar una multa de casi 3.000 dólares. El organismo rector del fútbol mundial obtuvo unos ingresos récord, de más de 7000 millones de dólares, por la celebración del Mundial de Catar. La FIFA se comprometió además a crear un fondo de reparación que vendría acompañado de un informe, que aún no se ha presentado, para garantizar una recompensa acorde a sus políticas internas de Derechos Humanos. En el artículo 3 de los estatutos de esta organización se reconoce que «la FIFA tiene el firme compromiso de respetar los derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional y se esforzará por garantizar el respeto de estos derechos». Ese esfuerzo avanza muy lentamente si es que realmente lo está haciendo, y es que aún resuenan las distintas ocasiones en las que el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha defendido al régimen catarí y la designación de este país como sede mundialista. Generalmente, la FIFA dedica un fondo de legado para los países anfitriones. En este caso, el propio organismo reconocía que dadas las solventes condiciones de Catar, este fondo tendría otros fines. Según se puede leer en su página web, es un dinero que «la FIFA distribuirá para financiar la educación de la infancia, en especial de las niñas, y de las mujeres en países en vías de desarrollo, con el objetivo de brindarles la ocasión de alcanzar el éxito en la vida». Por el momento, nada más se sabe. «Para trabajadores que han estado vinculados directamente con la construcción de los estadios sí ha habido alguna reparación francamente mejorable», explica De Las Heras, «pero FIFA anunció que evaluaría el legado del torneo sobre derechos humanos y a día de hoy ni FIFA ni Catar han ofrecido un programa que sea efectivo y accesible para que los trabajadores y trabajadoras reciban la compensación que se les debe». El Mundial de Catar por tanto obligó al país a hacer una ligera renovación de parte de su legislación laboral, pero en la práctica los abusos en este emirato siguen vigentes una vez que los focos del mundo han dejado de centrarse en sus nuevos y lujosos estadios. Y a la vista asoma una nueva tormenta para los Derechos Humanos en su relación el fútbol: en 2034 Arabia Saudí se postula a día de hoy como el único país candidato a organizar el Mundial; un país que en todos los informes independientes sobre libertad y democracia elaborados por centros de Estados Unidos o el Reino Unido figura como uno de aquellos cuyos ciudadanos disfrutan de menos libertades.

Un año después del Mundial de Qatar: ni avances sociales, ni informe de la FIFA ni indemnizaciones por los obreros fallecidos

Cientos de miles de trabajadores que fueron víctimas de abusos en las obras de los estadios del Mundial siguen sin tener acceso a una reparación un año después de que se apagaran las luces del campeonato

Antonio Martín

Webs de PRISA