El PP propone en su enmienda a la ley de amnistía la "disolución" de las organizaciones que promuevan referendos ilegales o declaren la independencia
Tanto el PP como Vox han presentado su enmienda a la totalidad
El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado / Javier Lizón (EFE)
La enmienda a la proposición de ley de amnistía que el PP registrará esta tarde propondrá que se tipifique como deslealtad constitucional de las declaraciones de independencia y los referéndum ilegales, además de la disolución de las personas jurídicas que incurran en esos delitos, incluidos partidos políticos.
Así lo ha anunciado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, en una rueda de prensa este miércoles en la sede del partido, en la que ha indicado que esta enmienda es el punto de partida en su intención de "rearmar al Estado" frente a posibles ataques a la Constitución en el futuro.
El PP alerta de la "inconstitucionalidad" de la ley de amnistía y propone "el rearme y el fortalecimiento de del Estado democrático de derecho para defenderse de las amenazas". Tellado apunta Sánchez también ha dejado "las manos libres" a sus socios para volver a hacerlo, "que, según dicen, es lo que quieren".
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Según ha explicado Tellado, la enmienda tendrá un artículo único, el capítulo VII denominado "deslealtad constitucional" para reformar el Código Penal y tipificar como delito la inobservancia por los cargos públicos de las leyes, con el añadido de que se podrán suspender las actividades y disolver las personas jurídicas que participen en esos delitos, sean partidos políticos u otras organizaciones.
Consta de cuatro artículos: los que irían del 544 al 547. Ese texto alternativo que complementa la enmienda se debatirá en el Pleno del Congreso dentro de una semana.
El primero de los artículos fija penas de 5 a 10 años de prisión y de 6 a 12 años de inhabilitación absoluta para cualquier autoridad o funcionario público, diputado, senador o miembro de una asamblea autonómica que, "fuera de los cauces legales de reforma constitucional" declare la independencia de una parte del territorio o su integración en otro Estado o realice actos dirigidos a que sea efectuada dicha declaración o que la propicien.
En el marco del 544 los 'populares' plantean que "si los hechos fueran realizados por imprudencia grave, se impondrán las penas de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial de 1 a 3 años".
Cabe recordar que el Código Penal en 2003 ya contemplaba penas de 3 a 5 años de prisión para las autoridades que convocasen referendos o consultas populares. La enmienda del PP eleva dichas penas a una horquilla de 5 a 10 años.
El plazo para registrar enmienda a la totalidad a la proposición de ley orgánica de amnistía se cierra esta tarde a las 18.00 horas y Tellado ha indicado que aún están "puliendo" el texto por varias cuestiones jurídicas. Considera que el año político "lamentablemente no podía empezar peor" al tramitarse "desde cierta nocturnidad" una ley de amnistía que está convencido que "avergüenza" a muchos socialistas y a la mayoría democrática de nuestro país.
Fuentes del PP han apuntado que en la redacción no se incluirá la ilegalización de partidos, pero sí la suspensión de actividades "de 6 meses a 5 años o pena de multa de 6 meses a 5 años" y disolución de personas jurídicas, lo que incluye a partidos políticos, además de organizaciones sociales o culturales.
Tellado se ha mostrado convencido de que los partidos políticos catalanistas tienen la intención de convocar un referéndum, porque es "un ansia expresada con claridad" por ellos.
Ha indicado también que "retrasar y bloquear" la ley de amnistía es uno de los objetivos del PP en esta legislatura y que la enmienda a la totalidad con texto alternativo es un paso más en ese reto.
Vox propone un nuevo tipo delictivo
Vox ha propuesto en su enmienda a la totalidad a la ley de amnistía un nuevo tipo delictivo que castigue "a quienes negocien con condenados, procesados o sustraídos de la acción de la justicia por delitos contra la Constitución, orden público, traición y la independencia del Estado y la paz y defensa nacional".
La enmienda, registrada en el Congreso con texto alternativo a la proposición de ley del PSOE, plantea para dicho tipo delictivo penas que van de seis a diez años de prisión, además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a diez años.
Asimismo propone un endurecimiento penal en los casos de ultraje a España y sus símbolos y de los delitos de traición por parte de miembros del Gobierno, la recuperación del tipo penal de sedición y la pérdida de la nacionalidad para los delincuentes cuyo origen no es español.
El grupo parlamentario de Santiago Abascal también exige la prohibición de los referendos sobre la integridad territorial de la nación y subraya que deben aumentarse las penas relativas a las consultas "ilegales".
