Las debilidades de Ecuador que han propiciado la violencia del narco

El crimen organizado ha puesto en jaque el poder de Ecuador con una violencia sin precedentes que estalló con el asalto de hombres armados en un plató de televisión en directo desembocando en un “conflicto armado interno”. El país se encuentra desde el pasado lunes en un estado de excepción que durará 60 días. Una medida adoptada por el presidente, Daniel Noboa, tras una oleada de violencia con motines en varias cárceles y la fuga en Guayaquil del líder del crimen organizado Adolfo 'Fito' Macías.

En el cargo solo desde el pasado 23 de noviembre, Noboa ha declarado la guerra a las bandas criminales inspirándose en el modelo de mano dura impuesto por Nayib Bukele en El Salvador.

Pero la crisis de seguridad en Ecuador comenzó en realidad durante la pandemia. Fue entonces cuando las bandas criminales ecuatorianas ganaron terreno mientras desembarcaban en el país los principales cárteles de la droga de México. Más de la mitad de su actividad es el tráfico de cocaína y cannabis.

Ecuador es un enclave estratégico para el tráfico de drogas por su ubicación, en la costa oeste de Sudamérica, limitando con Colombia en el norte y Perú en el sur, ambos grandes productores de narcóticos. Pero no es el único motivo. También cuenta con las condiciones políticas y sociales que permiten el tráfico de los de los químicos que se usan para para fabricar la cocaína y crean el ambiente idóneo para que el crimen organizado tenga una base estable, como señala la consultora de Naciones Unidas especializada en la investigación del narcotráfico Erika Rodríguez.

El crimen organizado arrincona al Estado

Todo esto se enmarca en los últimos diez años de transformación profunda de la estructura del crimen organizado en toda la región. Rodríguez explica que “los cárteles mexicanos están haciendo presencia en prácticamente todos los países. Dejaron de tener delegaciones y empezaron a tener un control más activo”. Lo que sorprende a la experta es que al potente narcotráfico en Colombia o México nunca se le había visto hacer una demostración de fuerza pública como la vivida con el asalto a la Televisión en Ecuador, y se pregunta cuáles son los factores que hacen que sea en Ecuador donde se intenta doblar el brazo al Estado de una forma tan abierta, con una violencia muy concreta y disparando las tasas de homicidio.

“Aquí hay una rivalidad entre grupos, pero también hay un Estado que se ha ido arrinconando, un Estado que se ha ido fragilizando con el tiempo por muchas condiciones”, subraya.

Uno de los motivos a los que apunta Rodríguez es “la debilidad para el control de las cárceles, que tiene muchísimo que ver con la corrupción, con la poca capacidad para mantener la gobernanza de esas cárceles, pero también por su saturación, por unas políticas muy punitivistas que tienden a meter más gente a la cárcel que la que pueden controlar, y las terminan convirtiendo en las sedes oficiales del crimen organizado”. A esto se suma una disminución de la capacidad policial que Ecuador arrastra desde el mandato de Rafael Correa, la habilidad del crimen organizado para controlar los puertos y los aeropuertos que desde que fueron privatizados, el importante tráfico de armas en la región y el escenario “interesante para el lavado de activos” que proporciona la dolarización.

“Ni siquiera hay una legitimidad de los órganos del Estado ecuatoriano como para poder enfrentar moralmente a estas bandas o para exigirle a la Policía, a la Justicia o al Ejército que hagan su trabajo como deben hacerlo”, comparte el consejero ejecutivo de CELAG, Sergio Pascual. Además, desde 2020 el Estado ha recortado su presupuesto entorno a un 15%, lo que, en opinión del analista, ha afectado a todas las instituciones estatales que tienen muy difícil combatir unos cárteles con muchos más recursos.

Una respuesta transnacional

Los primeros avisos del crimen organizado fueron los grandes motines en las cárceles, en uno de los cuales fueron decapitadas casi ochenta personas. Luego se produjo el traumático asesinato a tiros del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Esto activó todas las alertas porque demostró un poder tan fuerte que era capaz de desafiar al Estado. “Ya lo que se desafía no es el control solamente regional, sino el poder político. Esto no lo recordábamos desde Colombia en los años 90”, recuerda Rodríguez.

Para combatir la inseguridad es inevitable limitar la libertad de las personas, pero Rodríguez alerta del peligro de seguir las mismas recetas de El Salvador. Allí, “las mafias no son comparables al resto del crimen organizado de América Latina. Son terribles, depredadoras socialmente, muy violentas con su entorno, pero no son el gran narcotráfico latinoamericano, de hecho, era una mafia bastante pobre”, subraya. Mientras que el crimen a combatir en Ecuador, mucho más complejo, está intrincado con mucha fuerza en el sistema institucional.

En opinión de la consultora, la respuesta al problema debe ser transnacional, con medidas conjuntas en materia de inteligencia, compartir información y contra el lavado de activos, y con un control de las fronteras entre Colombia, Ecuador y Colombia y Perú. A esto se deben añadir reformas institucionales potentes dentro de los sectores de la justicia, la seguridad y las políticas sociales para los jóvenes que nutren las bandas de crimen organizado.