La pareja de Ayuso recibió dos millones de euros en comisiones por hacer de intermediario en la compra de mascarillas

Alberto González Amador, pareja actual de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió algo menos de dos millones de euros en comisiones por actuar de intermediario en la compraventa de material sanitario en los peores meses de la pandemia, cuando todavía estaba la población confinada.

Este martes se ha conocido que la Fiscalía ha pedido ante el juzgado su imputación por dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de sociedades: 155.000 euros en 2020, 196.000 en 2021. Otro delito más de falsedad documental por presentar facturas falsas de sociedades externas que permitían a Alberto González rebajar los beneficios que habían conseguido sus empresas, según el informe adelantado por elDiario.es y al que también ha tenido acceso la SER.

Sin embargo, según adelanta elDiario.es, el origen de este fraude fiscal es precisamente los dos millones de euros que percibió en comisiones. La empresa Maxwell Cremona SL, propiedad de Alberto González de forma íntegra, facturó en 2020 un total de 2,33 millones de euros. Según explicó él mismo ante Hacienda, el 85% de ese dinero, 1.973.000 euros, tienen como origen una única operación, que es la de la "intermediación" para la empresa española FCS para comprar mascarillas, guantes y otros productos sanitarios.

Desde la Agencia Tributaria muestran su sorpresa en el informe por el secretismo de González Amador. Su firma aparece como "un mero intermediario que se limitará a poner en contacto las dos partes que vayan a formalizar la compraventa de los productos" y añade que "en ningún caso aparecerá ni como comprador ni como vendedor ni como parte del acuerdo".

José Precedo, directo adjunto de elDiario.es y autor de la información publicada, ha pasado por los micrófonos de 'Hora 25' y ha explicado cómo ve el caso. "Se trata de dos comisiones por mediar entre dos proveedores de mascarillas. En mayo y en agosto de 2020, hay una empresa, FCS Select Products SL, que vende a otra, llamada Mape Asesores, material sanitario por valor de 42 millones de euros. Es material que luego la segunda empresa vende a distintas sociedades y administraciones públicas. De esos 42 millones, el 4,5% va a parar a Alberto González. El motivo es que, en enero de 2020, se firma un contrato de intermediación entre él y FCS Select Products".

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En este sentido, ha recordado que por entonces ambos "no eran pareja": "González lleva 15 años trabajando en el sector sanitario en el grupo Quirón Salud. Pero cuando estalla la pandemia ve un nicho de mercado más rentable y es cuando se lleva dos millones por mediar entre una empresa catalana y una gallega. Por el medio hay algunas circunstancias raras, interviene una empresa de Florida para mediar entre dos proveedores españoles, se realizan una serie de viajes a Nueva York. Cuando tiene todo este dinero y tras haber multiplicado por seis la facturación que tenía antes de la pandemia, para hacer la declaración se pregunta cómo puede reducir la factura fiscal. Ahí es donde dice la Agencia Tributaria que es dónde se produce el fraude fiscal, con facturas inventadas que se nutre de diferentes sociedades, una mexicana, otra de Costa de Marfil y varias andaluzas, por 1,7 millones. De esta manera que los dos millones, menos los 1,7 millones de gastos que aporta, se queda en un beneficio de 300.000 y paga impuestos por esta cuantía".

Sobre si constituye un delito o no, Precedo aclara que en ese momento era legal cobrar comisiones porque estaban rebajados los controles. Sin embargo, señala que "después de multiplicar por seis la facturación, González declara menos beneficios, lo que hace saltar las alarmas en Hacienda, que lleva investigando el caso desde hace dos años. En el informe de 200 páginas, queda reflejado que él presenta alegaciones, también las conversaciones con los proveedores que presentan esas facturas, y donde se concluye que las facturas son falsas y que, por tanto, las ha emitido para pagar menos impuestos. Por eso se le denuncia por delitos de fraude fiscal y falsedad documental".

"Ayuso dice que González no ha tenido la oportunidad de defenderse como contribuyente, lo cual es totalmente mentira y queda reflejado en el informe. Le han llamado a declarar a él y a sus proveedores, de los cuales varios de ellos no se dedican al sector en el que supuestamente se están haciendo los trabajos, que es el sector sanitario. La Agencia Tributaria se da cuenta de que incluso uno de los servicios lo presta una empresa sin empleados ni estructura, entonces se pregunta cómo es posible que haya realizado ese trabajo", concluye Precedo.

Por su parte, El País ha publicado que su empresa facturó 1.009.527,02 euros a la compañía FCS Select Products SL, que hasta la pandemia se dedicaba a las bebidas energéticas, y las facturas emitidas para tratar de ocultar los beneficios reales estaba bajo el concepto "comercialización de clientes". Dos años después, el PP de Madrid, denunció a FCS Select ante la Fiscalía Anticorrupción por sus contratos con la Administración central, que superaron los 263 millones.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, ha señalado: "En España, en lo peor de la pandemia, había quien sufrió el estar meses confinado mientras veía cómo diariamente había cientos de muertos; y otros, mientras tanto, se llevaban 2 millones de comisiones y defraudaban a Hacienda. Vengan de donde vengan, no vamos a permitirlo".

Por su parte, desde el PSOE han publicado una imagen en su cuenta de X, antes Twitter, en la que aparecen unos billetes junto a varias frutas, en alusión al lema tantas veces utilizado por Ayuso de 'me gusta la fruta', frase utilizada para justificarse tras llamar "hijo de puta" a Pedro Sánchez.