Un infome de Hacienda, a cuyo contenido ha tenido acceso «El País», concluye que el supuesto fraude fiscal de la pareja de Ayuso no fue fruto de un mero error sino de una conducta deliberada, consciente y dolosa. Explica que Alberto González Amador intentó deducirse gastos ficticios y que con esas facturas falsas actuó según un «plan preconcebido», en un delito continuado que, según añade el fisco, merece reproche penal. El servicio jurídico de la Agencia Tributaria afirma que hubo un “delito continuado en un plan preconcebido con facturas falsas y explicaciones inverosímiles e inaceptables”. “La conducta descubierta no es fruto de un mero error sino de una conducta consciente, deliberada y claramente dolosa que amerita su reproche penal”. A la vista de los hechos acreditados por la inspección fiscal, el departamento jurídico considera “oportuno y procedente, a efectos de investigar el fraude, ponerlos en conocimiento del ministerio fiscal”, según publica el periódico citando fuentes jurídicas conocedoras del informe. La Fiscalía denunció a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por defraudar presuntamente 350.000 euros a Hacienda. Son dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de sociedades: 155.000 euros en 2020, 196.000 en 2021. Otro delito más de falsedad documental por presentar facturas falsas de sociedades externas que permitían a Alberto González rebajar los beneficios que habían conseguido sus empresas. En el año 2020 las ventas de la empresa se disparon hasta los 2.300.000, seis veces más que el ejercicio anterior; pero ante Hacienda solo declaró 8.400 euros de beneficio. La situación se repite en 2021. Según el informe de la Agencia Tributaria para justificarlo las empresas de Alberto González llegaron a presentar hasta quince facturas que le permitieron desgravarse gastos, pero según dice, son facturas falsas, gastos que nunca se realizaron. Eso es lo que le permitió ahorrarse en impuestos hasta 350.000 euros durante dos ejercicios.