Actas del propio gobierno de Ayuso confirman que casi el 80% de los muertos por COVID en residencias no fueron derivados a hospitales
Las inspecciones oficiales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid certifican que la mayoría de los fallecidos por COVID murieron en las propias residencias en los peores meses de la pandemia
Actas de gobierno de Ayuso confirman que el 80% de los muertos por COVID en residencias no fueron derivados
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Madrid
El 76% de los residentes que fallecieron a causa del coronavirus entre marzo y abril de 2020 murieron en los propios centros sin ser trasladados a los hospitales. Así se desprende de las 11 actas de las inspecciones sanitarias de oficio realizadas por la Consejería de Sanidad a las que ha tenido acceso la Cadena SER.
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Las inspecciones fueron muy pocas en los peores meses de la pandemia. Los técnicos sólo visitaron once residencias. El número total de víctimas mortales confirmados con pruebas diagnósticas o con síntomas compatibles con la COVID fueron 185. De ellas, 141 fallecieron en los geriátricos. Solo 44 murieron en el hospital a donde fueron derivados, según consta en los informes.
La Comunidad de Madrid aprobó en marzo de 2020 los llamados "protocolos de la vergüenza" que impedían el traslado a Hospitales de los mayores de las residencias enfermos de COVID.
La situación más trágica
La situación más trágica se vivió en una residencia con 49 muertos en poco más de un mes. 46 fallecimientos se produjeron en el geriátrico y 3 en un centro hospitalario. Hay otro dato dramático que recoge el acta del 13 de abril. Los inspectores se encontraron con un cadáver en una de las habitaciones pendiente de ser trasladado por la funeraria desde tres días antes, el 10 de abril. La dirección de la residencia tuvo que pedir a los bomberos que procedieran a la retirada del cuerpo y avisó también a la Guardia Civil y a la Dirección General del Mayor.
En otra de las residencias con 30 fallecidos, la responsable del centro relató cómo al principio de la pandemia tuvieron demoras de más de 72 horas en el traslado de los cadáveres.
La primera acta fechada el 31 de marzo revela la grave falta de medios de protección para el personal y los residentes. Las mascarillas estaban sin homologar y usaban gorros y batas hechas con bolsas de plástico. Mascarillas, gafas y viseras confeccionadas por voluntarios, delantales fabricados con bolsas de basura, monos que se reutilizan tras su desinfección y se desechan cuando se rompen se puede leer también en otros informes del 8 y del 13 de abril. En este último se detalla que la mayoría del equipamiento ha sido donado por particulares y que la residencia ha tenido que comprar 30 balas de oxígeno porque no le han sido facilitadas por el Servicio Madrileño de Salud.
Pautas de derivación
La coordinación con el SERMAS se realizaba a través del centro de salud y del hospital de referencia cuyo equipo de geriatría da las pautas para la derivación de los pacientes a los hospitales y facilita el tratamiento.
En prácticamente todas las actas se destaca que no se ha realizado ningún test de detección a las trabajadoras en activo. Los pocos test rápidos que llegan se usan para los residentes. La falta de personal también es palpable en algunos centros. En alguno “solo disponen de una enfermera para tres plantas y de un médico cuando lo hay porque está de baja por COVID”. Necesitan personal de enfermería, EPI y test, se quejan en una de las residencias.
Las medidas de aislamiento de los pacientes con síntomas confirmados se aplican desde finales de marzo. Los residentes con patologías neurodegenerativas que no pueden ser confinados en sus habitaciones deambulan por zonas comunes durante todo el día hasta la hora de dormir, señala uno de los informes.
La UME ha ido a desinfectar los centros, alguno en tres ocasiones, y la limpieza se hace con lejía.
