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Economía y negocios

El Gobierno pretende condicionar una parte del presupuesto de Vivienda a las zonas que declaren problemas de tensión de precios

El Ejecutivo mantiene su ofensiva en materia de vivienda para intentar rebajar los precios del alquiler y está estudiando una maniobra legal que busca ampliar las zonas tensionadas

El Gobierno pretende condicionar una parte del presupuesto de Vivienda a las zonas que declaren problemas de tensión de precios

El Gobierno pretende condicionar una parte del presupuesto de Vivienda a las zonas que declaren problemas de tensión de precios

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El Gobierno pretende hacer una reserva presupuestaria con la que incentivar las declaraciones de zona tensionada, según ha sabido la SER. La filosofía es sencilla de entender: si las autonomías no dicen que tienen un problema (si no declaran zonas tensionadas), no recibirán parte del presupuesto que tiene como fin solucionar ese problema. "Si no hay tensión, no hay financiación", razona el Ejecutivo.

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Ese es el espíritu de lo que quiere aprobar el Gobierno. La letra es más compleja y el Gobierno estudia exprimir el artículo 18.5 de la ya vigente Ley de Vivienda. Ese artículo dice que el Ministerio de Vivienda "podrá desarrollar (…) un programa específico para dichas zonas de mercado residencial tensionado" y fija tres posibles líneas de actuación una de colaboración política y dos económicas:

  • De diseño y adopción de medidas de financiación
  • Y –ésta es clave–– el establecimiento de ayudas públicas específicas adicionales dentro del plan estatal de vivienda vigente.

Así que lo que el Ejecutivo pretende es reservar fondos sólo para las zonas tensionadas de manera que sólo las autonomías que hagan esa declaración puedan optar a esos fondos.

¿Qué impacto podría tener esto?

Pues hay dos o tres autonomías que tienen un problema económico en el alquiler ––sus precios están al rojo, suben a doble dígito–– pero que han tomado una decisión política: no declarar zonas tensionadas y la medida está pensada precisamente para ellas. Son todas administraciones del PP:

  • Madrid, donde el alquiler sube un 16,8% en un año, según los datos de Idealista.
  • Comunitat Valenciana, donde la subida es del 15,9%.
  • Y Andalucía, donde esos precios del alquiler suben 13,6%.

Es un juego muy delicado este, porque la Ley de Vivienda reconoce en ese artículo 18 que el Gobierno puede disponer de su presupuesto para desarrollar programas específicos para ciertas autonomías y está jugándose con una frase en ese artículo 18 que hace esto resbaladizo. Literalmente dice eso, que el ministerio "podrá desarrollar, de acuerdo con la administración territorial competente" esas ayudas.

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Lo que dice con esta medida el el Gobierno es si usted no está de acuerdo, si no concurre en declarar zona tensionada un territorio donde las subidas del alquiler son tan brutales, usted no necesita esos fondos. Claramente es un incentivo, pero apura los límites de esa Ley de Vivienda y puede dar lugar a mucha pugna legal. Ahora la filosofía está servida: "Sin tensión, no va a haber financiación".

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